ZONA DE CONFORT DEL GOBIERNO: EL BURLADERO

La crisis sanitaria del COVID-19 ha traído muchos más cambios de los que podíamos imaginarnos en marzo cuando todo empezó. No nos referimos exclusivamente a cambios sociales, económicos o sanitarios, sino a los cambios legislativos que se han producido desde entonces. Y no solo hablamos del establecimiento del estado de Alarma como hito novedoso en nuestro sistema legislativo, si no a todas las medidas de menor o mayor calibre que han ido cambiando la estructura jurídica existente hasta el momento.

Concretamente nos referimos a los cambios que se introdujeron con referencia a los desahucios en el Real Decreto-ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto estableció que la persona arrendataria que acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Estas medidas fueron creadas como medida provisional y transitoria mientras el estado de Alarma pervivía.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2020 se ha aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros (luz, agua y gas) a la población vulnerable y a personas en riesgo de exclusión social hasta el fin del estado de alarma (9 de mayo). También se incluye en la medida a aquellas familias que ocupan pisos vacíos sin violencia y que tengan la condición de dependientes, víctimas de violencia de género o que tengan a su cargo a menores de edad u otras personas dependientes. Siempre que el inmueble sea propiedad de grandes tenedores de vivienda, el Estado podrá indemnizarles “si pueden demostrar un perjuicio económico”. Este perjuicio se produciría en el caso de que la vivienda estuviera en venta o alquiler antes de la ocupación.

Desde aquí queremos analizar la injusticia de esta medida. Y no porque aquellas personas que desgraciadamente no pueden permitirse pagar una vivienda digna no puedan tener una alternativa, sino por el empeño del Estado en hacer al pueblo solucionar sus problemas. Esta claro que es totalmente inaceptable que esas personas y sus familiares puedan acabar en la calle, pero debería ser el Estado, quien proporcione una solución y establezca instituciones o proporcione ayudas o alternativas, pero no es justo que una persona que dependa del cobro de ese alquiler pueda estar ingresando cero euros por una medida que el Estado ha creado para no afrontarlo ellos. Porque esta claro que no hay dinero para eso, ya, seguro.

Lo mismo con respecto al supuesto de la “ocupación pacífica”, esto no solo atenta contra el derecho de la propiedad privada, o a la intimidad, es una medida totalitaria y abusiva por parte del Gobierno, que permite que alguien tenga que lidiar con una ocupación por estar amparada legalmente. No podemos permitir que esta crisis sanitaria nos convierta en personas sin derechos, que asumen los errores y los problemas del Estado, un Estado cobarde, que prefiere legalizarlo antes que ocuparse de ello. Nuestra pregunta es, ¿y si ocuparan la casa de ellos? ¿y si sus inquilinos no pudieran pagarles el piso del que obtienen una renta? ¿Lo dejarían pasar? Bueno, quizás sería imposible por estar rodeadas sus viviendas de cuerpos de seguridad constantemente. Que fácil es torear desde la barrera.

De nuevo unos pagan por otros mientras el Estado se esconde debajo de la mesa.

 

Manuel Serrano Conde

Marina Vidal de Lamor