Una grave injusticia del Supremo contra la Propiedad de Bienes de Interés Cultural

Corren tiempos difíciles para los abogados y la Justicia. Nunca pensé que me decepcionaría hasta tal extremo una sentencia del Tribunal Supremo por las razones que expongo a continuación.

Me refiero al fallo número 555/2020 de 25 de mayo, dictada por la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo (SCA) del Tribunal Supremo (TS) en el recurso de casación 2442/2019 interpuesto contra la sentencia número 599/2018 de 28 de diciembre resuelta por la SCA del TSJ de Castilla -La Mancha en el procedimiento ordinario 251/2016.

El caso, resuelto por la magistrada Doña Ángeles Huet de Sande, miembro de Jueces para la Democracia, se inicia en 2013 cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) declara el interés social del Yacimiento arqueológico “Villa Romana de Noheda” a efectos de su expropiación forzosa.

Dicho yacimiento, había sido previamente declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica en 2011, por su singularidad, magnitud y el espectacular estado de conservación de su mosaico romano del siglo IV después de Cristo, de mas de 300 m2, siendo por ello considerado de forma unánime por los expertos, como uno de los más importantes de la historia y del mundo, con un valor incalculable, que superaría fácilmente en el mercado de subastas, la cifra de 60 millones de euros.

En concreto, se declaraba BIC, la parcela 1006 del polígono 507 de Villar de Domingo Garcia, en Cuenca, propiedad de mi cliente, porque es obvio que todo yacimiento arqueológico tiene una base física que le sirve de ubicación y entorno, constituyendo un todo indivisible por disposición legal (Artículos 9.1 y 14 de la Ley de Patrimonio Histórico Español). Pues bien, el Ayuntamiento de Villar de Domingo Garcia, con apenas 60 habitantes, decide acometer sin recursos económicos, la expropiación de este BIC e inicia la tramitación del procedimiento de expropiación específico para BICs regulado en la legislación del ramo, amparado por la JCCM que declara la urgencia del expediente y por ende acuerda la necesidad de su ocupación.

La particularidad esencial es que, dada la singularidad de los BIC, su valoración tiene que hacerse por una Comisión Especial de Valoración, iniciada en este caso a instancia del Ayuntamiento, y compuesta por 3 Académicos pertenecientes a las Reales Academias vinculadas al Instituto de España. Así las cosas, dicha comisión presidida por el prestigioso historiador y Académico Don Martin Almagro Norbea, con más de 30 años de experiencia en estas valoraciones, acuerda por unanimidad valorar el BIC en 6 millones de euros. Sin embargo, el ayuntamiento que pensaba indemnizar al propietario solo con el valor rural del terreno, cuantificándolo en 7500 euros ¡cuánta generosidad!, interpone recurso contra dicho Acuerdo.

Contra todo pronóstico, el magistrado del TSJ resuelve que el suelo expropiado debe valorarse como rural sin consideración alguna a su valor arqueológico porque el yacimiento es de dominio público, pertenece a la JCCM y no al ayuntamiento que lo expropia, y porque la causa expropiandi es ser la parcela de acceso al yacimiento, restando al propietario la opción de reclamar el premio del descubridor de la JCCM si se cumplen los requisitos para ello. Pero en ningún caso, según esta Sentencia el propietario tiene derecho al justiprecio fijado por dicha Comisión Especial, cuya constitución es un error del procedimiento cometido por el Ayuntamiento que no debe perjudicarle hasta ese extremo.

Ante semejante argumentación que es sesgada y no atiende a lo esencial, como es que lo expropiado es un BIC indivisible, sin que por tanto sea viable valorar aisladamente el suelo como rural, sin consideración al valor arqueológico del yacimiento; confunde justiprecio con premio y vulnera el principio de buena fe, confianza legitima y vinculación de las hojas de aprecio, interpongo recurso de casación con la fundada esperanza de obtener una revocación de la Sentencia.

Tras superar la fase de admisión, apenas acceden el 5 % de los recursos, se califica de interés casacional objetivo la cuestión de si, expropiándose un BIC, puede valorarse aisladamente el suelo de ubicación como rural sin consideración a su valor arqueológico.

El resultado es decepcionante porque el Tribunal Supremo entiende que, aun admitiendo la evidencia de indivisibilidad de este BIC, es el jurado de expropiación quien debe valorar el terreno como rural, dado que el yacimiento es el único que tiene valor arqueológico y este pertenece al dominio público, hecho este que nadie discute pero no tiene la consecuencia que le otorga el TS.

Esta Sentencia es muy grave y atenta directamente contra el sentido común, la lógica jurídica y el derecho a no ser privado de la propiedad sin la correspondiente indemnización porque el efecto de la indivisibilidad establecida legalmente para los BIC y que justifica su valoración por esa Comisión Especial, considerando esencial su valor arqueológico, no puede desconocerse so pena de una grave incoherencia. Esta valoración es precisamente la que garantiza la justa indemnización de un bien expropiado de esta naturaleza que a todas luces el TS desconoce consagrando una interpretación contra legem. ¿Para qué se regula en la Ley de Expropiación Forzosa la Valoración de los BIC si resulta que puede prescindirse en la valoración de su aspecto cultural, histórico o arqueológico?

El ¡exprópiese! ha venido para quedarse.