UNA CRÍTICA A LA VERBORREA LEGISLATIVA

El poder legislativo se ocupa de la creación, modificación y derogación de las leyes que rigen la sociedad. Su labor tiene una doble vertiente, por un lado, asegurar que el contenido de las leyes esté enfocado hacia el bien común, y tenga como vocación la permanencia en el tiempo; y, por otro lado, ofrecer seguridad jurídica al Ordenamiento Jurídico del país.

El problema surge cuando el poder legislativo pierde el foco de lo realmente importante: la efectividad de las medidas, y ello pasa a ocupar un segundo plano. Es en ese momento, cuando se presenta un nuevo protagonista muy peligroso: el activismo político, que busca a toda consta premiar al partido político que presente más iniciativas, enmiendas y proyectos, olvidando que, “no por muchos cambios las leyes son mejores”.

Se ha convertido en Modus Operandi, que las continuas modificaciones normativas compitan por su breve vigencia, ya que pronto son corregidas y sustituidas por otras. Ya no sorprende en absoluto cuando el B.O.E publica una nueva Ley que sustituye a una aprobada recientemente, pues parece que la vía fácil para el legislador es ir derogando normativas anteriores y publicar nuevas, sin estar siempre justificado.

Esto es lo que exactamente está ocurriendo en el ámbito urbanístico. ¿Cada cuanto entra en vigor un nuevo Plan General de Ordenación Urbana? ¿Cada cuanto se deroga la normativa vigente?

Encontramos ejemplos muy pragmáticos como la Ley Urbanística Valenciana que ha sido derogada en 13 ocasiones desde 2007. Por ejemplo, en el año 2012 se derogó en tres ocasiones, y posteriormente se volvió a derogar en el año 2012, 2013 y 2014. ¿Acaso no va en contra de la práctica normativa que una Ley que surge con el objetivo de garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos bajo una vocación de permanencia, esté cambiándose constantemente? ¿Acaso esto no es un claro ejemplo de grave irresponsabilidad normativa?

Es en este contexto donde nace el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Dicho Decreto Legislativo entró en vigor el 17 de julio de 2021, y esta semana cumplirá 2 meses de vida. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se derogue? Los expertos en el ámbito de urbanismo ya han perdido la esperanza de disponer de normativas que perduren en el tiempo. Ello repercute de forma muy negativa en la eficiencia de los procedimientos, ya que obliga a los profesionales privados y a los funcionarios del sector a estar constantemente pendientes de las modificaciones, que, además, no siempre son acertadas.

Es más, la entrada en vigor del referido Decreto Legislativo ha causado la derogación inmediata de dos Leyes: La Ley 5/2014 y la Ley 1/2019; y artículos y disposiciones finales de 9 normativas distintas. Pero lo que resulta sorprendente es que se aprueben nuevas Leyes para luego seguir manteniendo el mismo contenido.

Un ejemplo de esto es el nuevo artículo 110.1 del Decreto Legislativo 1/2021 y del antiguo artículo 69.1 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Ambos artículos son prácticamente idénticos pues ofrecen la posibilidad de iniciar el procedimiento de Expropiación por Ministerio de la Ley, tras los 5 años de la vigencia del Plan en el caso de que no resultare posible la justa distribución de beneficios y cargas.

La expropiación por Ministerio de la Ley trata de evitar la indefensión (amparada por el artículo 24 de la Constitución Española) de los propietarios que quedan sin aprovechamiento alguno como consecuencia del planeamiento urbanístico, así lo recoge la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 4, de fecha 9 de enero de 2021.

Siendo una materia tan importante, como es la Expropiación por Ministerio de la Ley, el Ordenamiento Jurídico debería garantizar su seguridad jurídica, y no estar constantemente modificando su regulación de forma no siempre acertada.

Por todo lo expuesto, debemos entender que la publicación de normas es una carrera hacia la democracia. El órgano legislativo no tiene que correr una carrera distinta cada pocos meses,  debe presentarse al maratón. Debe publicar leyes que perduren en el tiempo y dejar de publicar de manera constantemente leyes distintas que tienen una esperanza de vida irrisoria.

Manuel Serrano Conde

Belén Montes García