UNA ARBITRARIEDAD QUE ALARGARÁ EL CONFINAMIENTO

De todas las medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, al amparo de la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo mediante Real Decreto 463/2020, destacan y no precisamente por su acierto, ni legalidad ni oportunidad, dos medidas que impiden en la práctica que los ciudadanos se sometan fácilmente a los test de diagnóstico de la enfermedad.

Me refiero a la Orden SND/344/2020 de 13 de abril, dictada por el Ministro de Sanidad por la que se establece la intervención de los centros y laboratorios privados de diagnóstico clínico y la limitación de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 a los casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo para su realización, según los criterios establecidos por la Autoridad competente, que todavía hoy, se desconocen.

Esta medida, se quiere justificar en la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud a tal efecto y evitar situaciones abusivas en el acceso a la realización de las pruebas de detección de esta enfermedad, adoptando las medidas necesarias para la regulación de su precio.

Sin embargo, a mi juicio, la realidad es bien distinta por las razones que se exponen a continuación. La primera es que esta Orden, lejos de promover y garantizar la realización de test masivos para toda la población con la inmediatez y celeridad necesaria, medida que se ha demostrado en otros países como imprescindible y única para poder aislar a los portadores del virus y reducir el tiempo de confinamiento, que ya suma en España 40 largos días, ha producido y va a producir precisamente el efecto contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud a este respecto.

Esto es así porque la disposición ministerial establece que sean las Comunidades Autónomas las que adopten las medidas necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta Orden, lo que supone que no va a existir un criterio único y que no va a resultar fácil en la practica la implementación de este mecanismo que se hará de 17 maneras distintas, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que a la postre son los que pagan el pato de los errores políticos y administrativos. ¿Porque no se han fijado al efecto unos criterios uniformes por el Gobierno central si el Real Decreto que declara el estado de alarma autoriza al Ministro de Sanidad al ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación de los servicios sanitarios (artículo 12)?

La segunda razón es que imponer la necesidad de prescripción previa por un facultativo para la realización de las pruebas de diagnóstico, mención aparte de su dudosa legalidad por su falta de oportunidad y restricción de la libertad individual, es una limitación inaceptable si lo que se pretende es acabar cuanto antes con el estado de alarma y la restricción de la libertad de movimientos, en definitiva, poner fin al confinamiento. En efecto, España está a la cabeza en la lista de países del Mundo en numero de infectados por millón de habitantes (3551 infectados según las últimas informaciones) lo que determina la necesidad de establecer medidas que promuevan la detección del virus y no lo contrario, como se ha hecho.

En conclusión, afirmo que esta medida nace carente de toda justificación porque es claro que va a producir el efecto de reducir las pruebas de diagnóstico del COVID-19, dado que se ha demostrado que la Administración Sanitaria adolece de serias carencias para la gestión de recursos e intervenir centros privados provoca el caos, al margen del ataque contra la libertad de empresa e individual de someterse porque sí, y no porque lo decida el Gobierno, a la prueba.

¿Será que al Gobierno le conviene esta medida para encubrir su manifiesta incompetencia para adquirir test suficientes para la mayoría de la población, cumpliendo así las directrices de la OMS?

Al mismo tiempo, con estas medidas se alarga el periodo de confinamiento, el estado de alarma, y en definitiva el sometimiento de la ciudadanía y la economía a una situación que está empobreciendo el país y que no puede ni debe prolongarse mucho más tiempo. Hay que ponerse en marcha.

Manuel Serrano Conde · Artículo publicado para el periódico Expansión