TEMPUS NON EST MODUS CONSTITUENDI VEL DISSOLVENDI IURIS

Las normas del ordenamiento jurídico no nacen con una vocación de permanencia, sino que están destinadas a sufrir transformaciones como consecuencia del mero transcurso del tiempo, de manera que las distintas normas que puedan existir en un Ordenamiento Jurídico darán paso a la aprobación de otras nuevas, para adaptarse a la realidad social de la época en la que se aplican.

Así, este cambio o evolución normativa va a producir lo que se podrían llamar colisiones entre la ley nueva y la ley antigua. Como solución a estas colisiones entre la vigencia o aplicabilidad de las normas surgen las disposiciones de Derecho transitorio, cuya función no es otra que determinar la eficacia de la ley en el tiempo o a resolver los conflictos que pueden ocurrir entre la ley nueva y la anterior derogada por ella, adaptando a los preceptos de la ley nueva los estados de derecho nacidos al amparo de la ley anterior, y además ayudar a la interpretación del principio de irretroactividad de las normas jurídicas.

Nuestra Constitución consagra, en su artículo 9.3, el principio de irretroactividad, aunque únicamente lo hace respecto a las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Esto se encuentra íntimamente vinculado con los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

En cuanto a su vinculación con principio de legalidad, esta resulta de la vinculación del artículo 9.3 con el artículo 25 de la Constitución española, que establece que: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Por lo que respecta a la vinculación con el principio de seguridad jurídica, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de seguridad jurídica consiste en “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho”. Por tanto, la aplicación retroactiva de las normas frustraría esa expectativa razonable de aplicación del Derecho.

En relación a estos tres principios, se debe traer a colación la reciente declaración de nulidad del artículo 12.1 b) del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha de 8 de junio de 2020, publicado en el BOE el 21 de noviembre de 2020. La declaración de nulidad de este precepto reglamentario afecta a la valoración de los terrenos en los expedientes expropiatorios, planteándose la cuestión de si afecta a los expedientes iniciados con anterioridad a la publicación de la mencionada sentencia. La respuesta a esta cuestión debe ser negativa porque la aplicación de dicha declaración de nulidad con carácter retroactivo sería vulneraría el mencionado artículo 9.3 CE, especialmente cuando dicha declaración de nulidad perjudica, claramente, al titular del terreno expropiado cuyo expediente expropiatorio ya estaba iniciado en el momento de publicarse dicha sentencia.

Por otro lado, con carácter general, respecto a todo tipo de disposiciones, este principio queda proclamado en el artículo 2.2 del Código Civil, que establece que: Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. De manera que la regla general es la irretroactividad, y la excepción la retroactividad. No obstante, cuando se habla de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos, cuando se impone un nuevo régimen jurídico que sea más favorable a la persona afectada por las nuevas normas, esas disposiciones sí tendrán carácter retroactivo.

Tal y como se ha indicado al comenzar este texto, como ayuda en la interpretación del principio de irretroactividad debemos tener en cuenta las disposiciones de Derecho transitorio.

De ordinario, las nuevas leyes introducidas en el Ordenamiento Jurídico contienen sus propias disposiciones de Derecho transitorio en las que se establecen el régimen a aplicar o los efectos que se atribuyen a las situaciones de hecho nacidas al amparo de la legislación anterior, sin perjuicio de que el Código Civil contenga una serie de disposiciones transitorias generales, las Disposiciones Transitorias 1 a 4, que sirven de inspiración genérica en la interpretación del principio de irretroactividad.

Además, se distinguen tres grados de retroactividad, retroactividad de grado mínimo, de grado medio y de grado máximo, según el punto hasta el cual se extiendan los efectos atribuidos por la norma jurídica a los supuestos de hecho o a las relaciones jurídicas.

En definitiva, cabe afirmar que la regla general de las normas es la de la irretroactividad, si bien en supuestos excepcionales se aplicarán con carácter retroactivo, supuestos en los que se deberá atender, principalmente, al tenor del texto de la ley y al espíritu de ésta y del legislador.

 

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas