¡SILENCIO! QUE CALLADITO ESTÁS MÁS GUAPO

El pasado 30 de octubre saltaban todas las alarmas en los medios de comunicación y redes sociales por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden Ministerial PCM/1030/2020 por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, o también denominado en los medios de comunicación, en alusión a la novela de George Orwell 1984, como Ministerio de la Verdad. Con dicho procedimiento lo que se pretende, como se extrae del tenor del texto, es luchar contra la desinformación, de manera que se vea fortalecida la libertad de expresión y el debate democrático. Esto ha generado la preocupación en la sociedad de si nos encontramos ante una nueva caza de brujas como ya ocurrió en Estados Unidos durante la Guerra fría cuando el comunismo era fervientemente perseguido por el senador McCarthy.

La lectura de esta Orden Ministerial hace surgir varias preguntas y sospechas, especialmente después de que el 19 de abril de este mismo año el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil asegurara que “uno de los objetivos de la benemérita era “minimizar el clima contra la gestión del Gobierno en la crisis” o tras el intento del Gobierno de coalición de modificar las mayorías necesarias para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El antecedente del Procedimiento de actuación contra la desinformación se encuentra en el Plan de Acción para la lucha contra la desinformación, presentado y aprobado en el Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2018 que trata de establecer unos mecanismos de actuación coordinada entre los Estados miembro de la Unión Europea para luchar contra las injerencias de terceros países en los procesos electorales. Si bien, siendo estos sus antecedentes, en la regulación del procedimiento y en la determinación de sus propósitos y objetivos se obvia toda mención a las injerencias que se puedan sufrir por parte de terceros países, ajenos a la Unión Europea.

Siendo el objeto del texto de rango ministerial la lucha contra la desinformación, el mismo no contiene una definición detallada de su concepto de manera que aleje los temores de una intervención del Gobierno en aquella información que considere contraria a sus propios intereses políticos. Así, la única definición de desinformación que contiene es la realizada por la Unión Europea que la define como “la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que pueda causar un perjuicio público.” A la vista de esta definición ¿no se podría considerar como información verificablemente falsa o engañosa el número oficial de fallecidos por Covid-19 en España o las afirmaciones realizadas por el Gobierno sobre la imposibilidad de reducir el IVA de las mascarillas?

Por otro lado, debemos tener en cuenta que este procedimiento afecta a las libertades públicas de expresión e información, que se reconocen y protegen en nuestra Constitución en su artículo 20. Este mismo artículo señala en su apartado 2 que El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y añade en su apartado 4 que Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. De esta forma, la opaca regulación del Ministerio de la Verdad y la ausencia de toda referencia a la intervención de las autoridades judiciales, siempre necesaria a la hora de restringir derechos fundamentales y libertades públicas, salvo, claro está, en el caso de que se acuerde el Estado de Alarma, de Excepción o de Sitio, hace pensar que el futuro de España es, irónicamente, retroceder a la España franquista contra la que tanto lucha el gobierno de izquierdas. Y, es que, además, la ausencia de garantías también se refleja en el instrumento normativo utilizado para publicar el Procedimiento de lucha contra la desinformación, que no es otro que una Orden Ministerial, cuando tratándose de derechos fundamentales y a la luz del artículo 81 de la Constitución debería revestir forma de Ley Orgánica.

En definitiva, a los españoles no espera un horizonte oscuro debido a que el ataque del Gobierno a las libertades individuales está siendo constante y, en concreto, con la creación de este Ministerio de la Verdad nos está queriendo decir que calladitos estamos más guapos, no vaya a ser que le estropeemos sus planes despóticos.

 

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas