REVENTANDO LA PROPIEDAD PRIVADA: SELLO DE DEFUNCIÓN A ESPAÑA

LA NEFASTA GESTIÓN DEL GOBIERNO SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA

· Francamente, pensé que este Gobierno no podía sorprenderme más después de su nefasta gestión de esta crisis. Pero a medida que se alarga el estado de alarma, y se van adoptando nuevas medidas, me doy cuenta muy a mi pesar de que me he equivocado.

Cómo es posible que haya llegado al Gobierno de España semejante panda de ineptos chupatintas, sectarios y malas personas. No lo entiendo, debemos de ser todos imbéciles por haber permitido por acción u omisión, la llegada al poder de esta gentuza.

Si echamos la vista atrás, España fue un gran país, fundamentalmente por su gente, y sus gobernantes. Contamos con innumerables ejemplos en todos los ámbitos, en la historia antigua y reciente, como por ejemplo los Reyes Católicos, Santa Teresa de Jesús, el Gran Capitán, Carlos V, Rafael Nadal, Ramon y Cajal, Cervantes, y un larguísimo etcétera.

Sin embargo, nuestra generación será recordada en parte por haber permitido el ascenso al poder de semejante desgobierno de miserables.

Ni siquiera en un estado de alarma puede abusarse del decreto ley porqué SÍ, señores del gobierno, la ley tiene que ser justa y la justicia consiste en síntesis en no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo. Si todos los españoles respetáramos este principio, otro gallo nos cantaría, seríamos con toda seguridad una superpotencia al nivel de Estados Unidos y China.

Hagamos un breve repaso de algunas de las últimas medidas estrella de este Gobierno que jurídicamente no se sostienen por su incoherencia, su ilegalidad y su injusticia:

Moratoria en el pago de las rentas de las viviendas propiedad de los grandes tenedores, los que tengan más de 8 viviendas, discriminando a los inversores inmobiliarios frente a los propietarios individuales que se ven “favorecidos” cuando en justicia, quien debería asumir el pago de las rentas de personas en dificultades rigurosa y debidamente acreditadas es el Estado.

Traslado a las empresas la obligación de suministrar a los trabajadores la protección recomendada por las autoridades sanitarias en la vuelta al trabajo de los servicios no esenciales, todavía no sabemos muy bien qué es esencial y qué no, a sabiendas que no pueden o resulta dificultoso cumplir con esta obligación porque el mercado está desabastecido por culpa del propio gobierno. Después se anuncia por la mañana que no se recomienda el desplazamiento en transporte público y por la noche que se van a repartir mascarillas a la puerta del metro: surrealista.

Mantenimiento de los plazos para el pago de los impuestos y las cuotas a la seguridad social a sabiendas que resulta inverosímil el cumplimiento de esta obligación en estado de confinamiento, parece que solo para aquello que interesa al gobierno. No es suficiente con suspender un mes de plazo el pago del IVA de los autónomos porque el problema no es este, es que no hay liquidez y no se puede pagar, lo poco que quede hay que guardarlo para sobrevivir.

Pero quizás, una medida que me ha llamado poderosamente la atención, por su manifiesta ilegalidad y generadora de alarma social, es la orden que regula la puesta disposición de viviendas de propiedad privada para las víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar, y otras personas vulnerables. Esta orden, TMA/336/2020 de 9 de abril, establece la obligación de la Administración Autonómica de poner a disposición una vivienda de titularidad privada o cualquier alojamiento residencial susceptible de ser ocupada a favor de dichas personas en ausencia de una vivienda de titularidad pública. Si conectamos este precepto con el artículo 8, que declara el estado de alarma y posibilita las requisas temporales de todo tipo de bienes, la polémica está servida. ¿Pero a quién se le ocurre semejante barbaridad?

Si bien, se ha hecho una aclaración por parte de las autoridades sanitarias para intentar frenar la alarma social generada por esta noticia afirmando que en realidad lo que quieren decir es que pueda aplicarse la ayuda regulada por el Plan de vivienda, a las viviendas que sean de propiedad privada, no es menos cierto que esta nueva ocurrencia es poco creíble y en todo caso manifiesta la absoluta falta de respeto a la propiedad privada por este gobierno.

Según la dicción literal de estos preceptos, porque las normas se interpretan coordinadamente, algo que al gobierno se le ha olvidado; cualquier ciudadano vulnerable puede dirigirse a la Administración para que le entreguen una vivienda aunque sea privada. ¿Quién da más?.

Es Justicia que se pide en Madrid a 13 de abril de 2020.

Manuel Serrano Conde · Luchando por el Derecho