¿QUIÉN PAGA AL NOTARIO?

El derecho a elegir notario es un derecho desconocido, y es que, la mayor parte de los consumidores no saben que pueden elegir a su antojo el notario. De manera, que aceptan aquel que la otra parte decide.

Esto es algo que se producía bastante en los préstamos hipotecarios, donde la entidad financiera imponía absolutamente todo, de ahí que a día de hoy se considere una cláusula abusiva, así viene establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, concretamente en el artículo 89.8, “La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.”

En un contrato de compraventa las partes se suelen poner de acuerdo en los gastos, en el caso de que no sea así, se aplica lo establecido en el artículo 1.455 del Código Civil: “Los gastos de otorgamiento de escrituras serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario.”

Por lo tanto, el vendedor se hará cargo de los gastos derivados de la escritura matriz, que son los más elevados y el comprador pagará la primera copia y las posteriores.

Es donde entra en juego el artículo 126 del Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado al recoger que, el derecho de elección corresponderá al obligado al pago de la mayor parte de los aranceles”, es decir, en caso de que se pacten los gastos correspondería al vendedor la elección del notario (en Cataluña se le reconoce al comprador este derecho en todo momento)

Ahora bien, si una de las partes contratantes es un promotor inmobiliario, entidad financiera o un empresario y la otra parte es un particular, nos encontramos ante un derecho de elegir notario por parte del particular irrenunciable. Esto también viene contemplado en el artículo 126 anteriormente citado, “En las transmisiones onerosas de bienes o derechos realizadas por personas, físicas o jurídicas, que se dediquen a ello habitualmente, o bajo condiciones generales de contratación, así como en los supuestos de contratación bancaria, el derecho de elección corresponderá al adquirente o cliente de aquellas, quien sin embargo, no podrá imponer notario que carezca de conexión razonable con algunos de los elementos personales o reales del negocio”.

Lo que hace el legislador es proteger a aquella parte que considera que necesita una mayor tutela y asesoramiento. Cuando el vendedor es una entidad dedicada a la venta del inmueble, se protege al comprador, por ser la parte más vulnerable.

Ahora bien, el comprador no es totalmente libre pues debe elegir un notario que se encuentre en el lugar del inmueble o en el lugar de la residencia de cualquiera de las partes contratantes.

El legislador contempla, que un notario cumple con una función pública, que es la de asesorar, es por este motivo, que se concede la elección de un notario de confianza a la parte que más lo necesita en cada momento, reestableciéndose el equilibro entre vendedor y comprador, si este se ve en peligro.

Manuel Serrano Conde

Ana Sánchez Martínez