PRISIONEROS DE PRIMERA

La campaña electoral en Cataluña de cara a las elecciones que se celebrarán el 14 de febrero de 2020 ya ha comenzado. Y junto a ella, teníamos la noticia de que se ha concedido por parte de las Instituciones penitenciarias de Cataluña el tercer grado penitenciario, lo que supone que estos penados pasarán a cumplir su condena en un régimen de semilibertad.

Y si bien, el Ministerio Fiscal ha manifestado su intención de recurrir esta decisión, es claro que la finalidad por la que han concedido este régimen se va a cumplir, puesto que una de las claras razones por las que se ha concedido este régimen a las puertas de las elecciones es para que hagan campaña electoral a favor del independentismo, tratando de hipnotizar con sus apariciones a los vástagos borregos del independentismo, cuyos celebros han dicho lavados para cubrir escándalos de corrupción, como el caso del 3%, o la ineptitud para gestionar los medios de una comunidad autónoma que hasta hace poco, y a la carrera con Madrid, estaba a la cabeza de progreso económico y modernidad, símbolo de una sociedad vanguardista y del progreso.

Esta concesión del tercer grado penitenciario, ya se intentó con anterioridad y fue revocado por el Tribunal Supremo, y todo apunta a que el Alto Tribunal volverá a hacer los mismo. Pero, debemos recordar, que esto no estaría pasando si este tribunal en su condena hubiese hecho aplicación de la facultad que concede el artículo 36.2 que establece que:

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:

  1. a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
  2. b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
  3. c) Delitos del artículo 183.
  4. d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años.

El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior”.

Esa decisión de no aplicar la potestad concedida por el artículo 36 apartado segundo del Código Penal la fundamentó en base a la siguiente consideración: “Esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión. El artículo 36.2 del Código Penal lo que otorga al tribunal sentenciador, dice el TS, es la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito.”

Así nos encontramos ante la situación de que claramente los bienes jurídicos vulnerados por los presos del procés están siendo vulnerados de nuevo, puesto que, al fin y al cabo, están haciendo campaña durante su régimen de semilibertad para que se vuelva a producir y para que se eche gasolina a la maquinaria del independentismo, por tanto, que da patente, claro y manifiesto que ni se están cumpliendo los fines preventivo especial ni preventivo general de la pena. Y es que además el pronóstico de peligrosidad, que, por otro lado, en ningún momento ha estado oculto, ha fallado de plano.

Pero el problema que se plantea con esta concesión del tercer grado no es solo por emplearse con fines electorales, sino que, además, genera una desigualdad tremenda respecto a otros penados, que por no ser amigo de el independentista X o por no promover la independencia de Y, no pueden disfrutar de estas ventajas que, por su condición, disfrutan los presos del Procés. ¿Iguales ante la ley? Me parece que no.

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas