PREVENGAMOS UN DESASTRE INMOBILIARIO

El jueves de la semana pasada salió a la luz una previsión bastante pesimista del futuro urbanismo e inmobiliario de España en el informe ‘España 2050’. Este informe ha sido presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y elaborado por la Oficina de Prospectiva y Estrategia con la intervención de varios catedráticos, que dedica un capítulo al impacto sobre la vivienda y el acceso a la misma de los cambios demográficos durante los 30 próximos años.

Según este informe un 8% más de la población vivirá en ciudades, y  la España rural perderá casi la mitad de su demografía actual. Esto generará un incremento de la población “de ciudad” que afectará de forma directa en el mercado de la vivienda, produciéndose un evidente aumento de los precios de alquiler y un deterioro de las pequeñas ciudades.

Realmente esto es un problema a tener en cuenta, pues a día de hoy ya son miles de jóvenes los que no pueden independizarse ni comenzar su vida de forma autónoma debido al nivel de los sueldos en comparación con los precios tan elevados de los alquileres. Si este negro panorama se sigue tiñendo aun más oscuro el futuro que espera a las siguientes generaciones será devastador. Y ya no solo por la importancia de mantener los núcleos rurales y fomentar la vida en ciudades pequeñas, sino por la calidad de vida que se generará, los propietarios se enriquecerán a costa de la precariedad de los inquilinos por un problema puramente institucional que sin duda debe empezar a cambiarse. No podemos permitir que las grandes ciudades vean su tasa demográfica duplicada porque se volverán insostenibles, y se producirá una segregación social resultado de la diferencia de “clases sociales” que aparecerán con la evolución de estas grandes urbes.

Sin duda la solución a este problema es un cambio en la concepción de la estructura urbanística del país, fomentando los trabajos en la zonas de más rurales, la educación y las ayudas sociales destinadas a generar negocios y mejorar las conexiones digitales, las nuevas tecnología y las comunicaciones, evitando así la aglomeración en los núcleos urbanos que solo llevara a un descenso en picado de la calidad de vida y a un retraso en el desarrollo personal, familiar y profesional de los jóvenes que se verán obligados a esperar para formar una familia o a dejar los estudios para empezar a trabajar antes. El problema que aparecerá con esos incrementos en el mercado inmobiliario no afectaran solo al alquiler sino también a la propiedad, pues las personas tendrán cada vez menos posibilidad de adquirir una vivienda si ni si quiera pueden pagar la entrada o conseguir un prestamos hipotecario. Y este problema, ya lo tenemos encima, no hay que esperar al 2050 para empezar a vislumbrar la catástrofe socioeconómica que se avecina.

Sin duda en 2050 habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada  pero ahora en 2021 tampoco pueden, y estos 30 años son un período suficiente para revolucionar en España la vivienda social: los jóvenes tienen que poder acceder a una vivienda digna y si el Estado no es capaz de solventar este problema que al menos establecer las medidas necesarias para que al menos los promotores privados desarrollen estos programas en suelo público, es condiciones de transparencia, y libre concurrencia. Como ya decíamos en artículos pasados, que fácil es torear desde la barrera, que fácil es ver España sumergirme en un abismo mientras se cobra un sueldo vitalicio.

Manuel Serrano Conde

Marina Vidal de Lamor