LA VIDA DE UN SANITARIO VALE MENOS QUE LA DE UN POLÍTICO

EL PRIVILEGIO VERGONZANTE DE LOS POLÍTICOS FRENTE AL RESTO DE LA SOCIEDAD

· Tras la reciente declaración del estado de alarma, el pasado viernes 13 (no apto para supersticiosos, como el que suscribe), estamos asistiendo a una autentica dejación de funciones por parte de los Diputados que teóricamente nos representan a todos en el Congreso.

No solamente es sorprendente al anuncio de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, comunicando que la actividad parlamentaria quedaría aplazada dos semanas, a contar desde el pasado 12 de marzo, según lo acordado por la Junta de Portavoces, a propuesta de la Presidencia de la Mesa controlada por PSOE y PODEMOS y de acuerdo con las autoridades sanitarias; sino que lo más grave es que, las réplicas a esta insólita decisión de la mayoría de los Diputados, han brillado por su ausencia.

Vamos a dejarlo claro para que se entienda, porque parece mentira que los Diputados respeten sin más esta decisión, que coarta claramente sus derechos y les exime de un plumazo de sus obligaciones, pero eso sí, les mantiene a salvo en sus casas en las que no pueden ejercer su función y puesto, que libremente escogieron y para lo que se les paga con el dinero de todos los españoles.

Comprendo que en estos momentos hay que ser solidario y yo no deseo a nadie que contraiga esta enfermedad, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero lo que no puede ser es, que en el marco de todos aquellos que ejercen una función pública (médicos, enfermeras, policías, guardias civiles, transportistas, limpiadores,  Diputados y un largo etcétera) unos decidan hacer dejación de sus funciones (o se les indique pero asientan) y a otros se les obligue a mantener el puesto, bajo el pretexto de que son el escudo contra el virus: “nuestra primera línea” como ha podido escucharse en las noticias en boca de los políticos de turno.

No hay que perder de vista que al igual que los médicos, sanitarios y los miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado (por citar algunos ejemplos) cumplen ahora la función esencial de asistir y curar a los enfermos y hacer cumplir las normas del Estado de Alarma para evitar la propagación del virus respectivamente, como este estado excepcional supone un extraordinario poder para el Ejecutivo al mando; resulta esencial el control del ejercicio de ese Poder. Y ello con la finalidad no solo de control político sino también de crítica constructiva antes las medidas adoptadas, con las aportaciones de todos.

Pues resulta que a quien se le asigna esa función pública, para la salvaguarda de todos nosotros, es a los diputados y así lo establece el artículo octavo de la Ley Orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Me permito citar literalmente lo que dice esta norma: “El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida.” También El Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los decretos que dicte durante la vigencia de este estado en relación con este.

¿Como es posible que se incumpla de manera flagrante este precepto? ¿Por qué los diputados no están ejerciendo esta función?

No basta con el control parlamentario habitual de preguntas y respuestas, hace falta que el Gobierno suministre toda la información, que los Diputados la analicen con espíritu critico y constructivo y podamos estar tranquilos de que no se coartan nuestros derechos más allá de lo necesario. Las consecuencias de esta ausencia de control no se han hecho esperar, como sucede, por ejemplo, con los miles de mascarillas y equipo sanitario aparcado en los hangares de los Aeropuertos, a la espera de que se decida, al parecer arbitrariamente como se distribuye y a quien.

Es urgente ejercer ese control y aportar entre todos ustedes ideas para una mejor gestión de esta crisis sin precedentes. Sean responsables y arbitren los medios para ello, al igual que lo hacemos los empresarios para mantener a flote las empresas, háganlo ustedes por el País que juraron o prometieron defender. Es su obligación.

Es Justicia que pido en Madrid a 21 de marzo de 2020.

Manuel Serrano Conde · Luchando por el Derecho