¿MUERTO EL PERRO SE ACABÓ LA RABIA?

El Gobierno anunció el 15 de septiembre de 2020 la aprobación del Anteproyecto de Ley Democrática que dice tener como grandes objetivos “la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.”

Sin embargo, y pese a estas nobles intenciones, se trata del enésimo capítulo de este Gobierno y sus predecesores de reabrir las heridas de la Guerra Civil con fines políticos, a la vez que trata de reinterpretar la historia de España en ese período.

Son muchas y muy variadas las críticas que se le pueden hacer a este anteproyecto de Ley, pero esta ocasión nos centrarnos en la introducción de medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial.

Partimos de la base que el ordenamiento constitucional español no adopta la forma de “democracia militante”, esto es, no se necesita de las personas ni los partidos políticos una adhesión expresa y positiva al régimen democrático de 1978. Así, el Tribunal Constitucional ha amparado también a quienes la niegan, permitiendo ataques al sistema democrático o a la esencia misma de la Constitución, con el único límite de la lesión efectiva de bienes o derechos de relevancia constitucional.

Todo este razonamiento tiene su amparo en la libertad ideológica como derecho, recogida en el artículo 16 de la Constitución Española, que se manifiesta en dos vertientes de esta prerrogativa: una de carácter más íntimo, vinculada a que las personas pueden desarrollar las ideas y opiniones que considere; y otra, de carácter exógeno, que permite expresar públicamente, mediante cualquier tipo de manifestaciones o actos, las creencias u opiniones de las personas, estableciendo cómo único límite “el orden público protegido por la ley”.

De esta manera, la libertad ideológica en concordancia con el uso legítimo de la libertad de expresión sólo podrá ser coartada por razones explicitadas en la Ley en aras de preservar lo denominado como “orden público”. Así, en el Código Penal encontramos las injurias y calumnias cómo límite; mientras que la Ley de Partidos Políticos señala fuera del campo de la libertad ideológica y de expresión a aquellas formaciones cuya actividad vulnere los principios democráticos, aunque no dice nada acerca de la ilegalidad de las ideologías que estos partidos y sus miembros pudieran tener.

Así, el hecho de introducir medidas, como sanciones administrativas o posibles delitos, para evitar actos de exaltación o enaltecimiento de la dictadura franquista resulta, cuanto menos, confuso en términos jurídicos. En primer lugar, cabría preguntarse qué es exaltación del franquismo.

¿Pronunciar el famoso latiguillo “con Franco se vivía mejor” sería considerado una oda al régimen dictatorial? Probablemente sí a ojos del legislador. Pero ¿sería sancionable decir que la mejor Ley de Educación que España tuvo en democracia fue la promulgada por José Luis Villar Palasí en 1970? O, ¿sería enaltecimiento del alzamiento decir que el gobierno de la II República tenía como objetivo llevarnos a una dictadura de corte marxista? Todo ello dependerá de la interpretación que efectúen los jueces y Tribunales en cada caso particular siendo muy difícil evitar en estos casos aislar la creencia política del juzgador de su decisión judicial. Y sin que esto sea criticable porque es humano un comportamiento de tal naturaleza.

Una de las mayores libertades que existían en España es, precisamente, que se podía opinar sin trabas sobre casi cualquier cosa. En nuestro Ordenamiento Jurídico caben, tanto las opiniones de las personas que no quieren modificar la Constitución, como las ideas de aquellos que se muestran partidarios de romper el marco constitucional vigente, sometiéndose al riguroso procedimiento de reforma constitucional.

Manuel Serrano Conde

Enrique López Sierra