LUCHANDO POR EL DERECHO EN LAS CALLES, ES HORA DE ACTUAR: ¡LA LUCHA HA COMENZADO!

El próximo día 23 de mayo, muchos ciudadanos hemos sido convocados por diferentes organizaciones políticas y asociaciones creadas ad hoc, a una manifestación en las respectivas capitales de provincia de España, que habrá de celebrarse portando la bandera nacional y en vehículos particulares, de tal manera que, con buen criterio, no se ponga en riesgo la salud de sus participantes ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además de esta convocatoria, se vienen produciendo cada día con más fuerza, en ciertos barrios de Madrid capital y otras ciudades, reuniones espontáneas y pacíficas de ciudadanos que a las 21 horas exigen puntualmente la dimisión del Gobierno, bajo la estricta vigilancia de la Policía Nacional por orden del Ministerio del Interior, so pretexto de la crisis sanitaria, lo que ciertamente infunde temor en los participantes y produce un efecto disuasorio.

No quiero ni pensar en lo que esto sería si el Gobierno fuera en realidad oposición y la oposición Gobierno, lo que antes era un jarabe democrático en palabras del vicepresidente, es hoy un amargo elixir que no se quieren tragar cueste lo que cueste, incluso sacrificando nuestra libertad de expresión.

En efecto, tales manifestaciones que son fruto de un estado de cabreo generalizado ante la deplorable gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19, llevada a cabo por el Gobierno de Sanchez-Iglesias y sus “secuaces” y la vulneración evidente de nuestras libertades públicas amparándose en un estado de alarma; son libertad de expresión en estado puro ejercida de manera colectiva.

Al respecto, nuestro Tribunal de garantías constitucionales tiene declarado que dos son los límites que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse en una vía pública: que la reunión sea pacífica y que anuncien a la autoridad el ejercicio de su derecho. El ejercicio de este derecho fundamental solo puede prohibirse previa la realización del oportuno juicio de proporcionalidad y en esta última solución extrema, siempre que concurra el único motivo que la Constitución contempla para sacrificar el ejercicio de este derecho fundamental: la existencia de razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes (por todas STC, Sala Segunda, 193/2011, de 12 de diciembre, recurso 6340/2010).

A la vista de estas consideraciones, es claro que el Gobierno vulnera de manera flagrante estos principios esenciales, porque intimida con una fuerte presencia policial a los ciudadanos para disuadir su participación en esas reuniones espontáneas que se celebran diariamente de manera pacífica, y lo más grave prohíbe de manera injustificada las manifestaciones del 23 de mayo como ha sucedido en Cataluña, estando todavía a la espera de que se pronuncie al respecto en Madrid capital.

El Gobierno afirma erróneamente que tales manifestaciones “constituyen un riesgo cierto de contagio de la Covid-19 entre los participantes que luego éstos trasladarían a familiares, amigos y personas con las que trabajan, contribuyendo con ello a incrementar la crisis sanitaria” y añade que su celebración “conllevaría una salida masiva de ciudadanos a lugares de tránsito público antes o después de subir a bordo de los vehículos, al margen del posible contacto con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tendrían que controlarla y de otras personas presentes en unas calles céntricas, un sábado y en horas de máxima afluencia”.

Pues bien, estas razones no justifican tal prohibición porque la limitación por vía excepcional de la libertad de reunión y manifestación no puede ampararse en la crisis sanitaria que ha servido de base para declarar el estado de alarma, que en modo alguno puede perturbar este derecho; porque esta crisis opera en un plano general, frente a lo concreto de la justificación que se exige en cada caso para declarar la restricción de tal libertad ajustada a Derecho.

Como muy bien ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una reciente Sentencia de 29 de Abril de 2020, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera, recurso 112/20, “una situación de crisis sanitaria en abstracto, no necesariamente será suficiente para justificar una suspensión de derecho fundamental que la declaración de estado de alarma no puede decretar. Solo si en el caso concreto, concurren datos objetivos suficientes que permitan un correcto juicio de ponderación, cabrá el sacrificio del derecho en liza que contempla el artículo 21.2 de la constitución española o en aras de evitar una indebida colisión con otros valores constitucionales, como puede ser la preservación de la salud pública en línea con lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.”

En conclusión, lo que debe explicar la Administración al prohibir la manifestación en cuestión, más allá de invocar de manera genérica la necesidad de combatir la pandemia, es en qué medida, en el caso concreto, limitada la participación a la circulación de personas en vehículos individuales, puede suponer un riesgo objetivo y cierto de contagio y propagación de la enfermedad y esto es lo que no hace (porque no se puede justificar), a la luz de las resoluciones recaídas hasta la fecha.

Con este precedente, si la Delegación del Gobierno en Madrid osa prohibir la manifestación del 23 de mayo u otra futura similar, sin justificar el riesgo de contagio del virus entre personas con mascarillas que circulan en coches individuales, lo que es harto improbable, sería una resolución claramente injusta, ilegal y que no debe impedir su celebración efectiva. Confiemos en que el TSJ de Madrid, con su buen criterio, ponga coto a esta más que probable prevaricación.

Es justicia que pido en Madrid a 19 de mayo de 2020.

Manuel Serrano Conde