LOS ESTRAGOS DE LA DERIVA DEL TIEMPO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

LA INSTRUCCIÓN ILIMITADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

· El pasado día 30 de junio de 2020 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición de Unidas Podemos para eliminar el límite de 36 meses que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas penales. A través de esta reforma, se amplía el plazo inicial de este proceso de 6 a 12 meses, prorrogable de forma indefinida a propuesta del juez instructor.

No obstante, esta reforma no cumple con la literalidad del acuerdo de Gobierno que suscribieron PSOE y Unidas Podemos, en tanto y cuanto proponían directamente su derogación, en la medida en que calificaban el plazo impuesto como “una limitación para la lucha contra la corrupción”.

Sin embargo, el problema de fondo acerca de la política criminal del Gobierno y la reforma que se plantea es mucho más complicado que calificar este precepto como una ventana a la impunidad de los investigados.

En primer lugar, el artículo 24 de la Constitución Española recoge, como elemento nuclear de la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. El Tribunal Supremo ha definido este concepto en su Sentencia de 31 de marzo de 2015 como un “retraso atribuible al órgano jurisdiccional, siendo éste injustificado y constituyendo una irregularidad irrazonable por la duración del procedimiento mayor de lo previsible o tolerable”.

No es descabellado suponer que, en una realidad jurídica donde la instrucción puede demorarse sine die, los órganos jurisdiccionales (esto es, fiscales y jueces de instrucción) no tengan presión por agilizar el procedimiento, de manera que pueda prorrogarse esta fase del procedimiento penal hasta conseguir las pruebas necesarias para poder continuar con la apertura de juicio oral

Esta situación de instrucción ilimitada en el tiempo es radicalmente contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así las cosas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica, obliga a los Estados contratantes a organizar sus sistemas judiciales de tal manera que se pueda obtener una resolución definitiva en un plazo de tiempo razonable.

En el seno de un procedimiento penal, un sujeto sometido a investigación puede verse privado de su libertad ambulatoria al tiempo que se le embargan sus bienes y cuentas bancarias, todo a la vez que su buen nombre y reputación aparecen mencionados en los medios de comunicación y la opinión pública para relacionarlo con algo tan truculento como es la posible comisión de un delito.

Por si fuera poco, todo lo anterior, hay que añadir la angustia personal que sufre una persona por estar investigado, agravada por las dificultades de todo tipo (laborales, económicas, etc.) que sobrevienen al proceso. Adicionalmente, el hecho de que se prorrogue en exceso el caso deja un poso en la opinión pública sobre la culpabilidad del investigando, celebrándose un juicio paralelo en el que el investigado ya es culpable para la amplia mayoría de la sociedad por su condición en el proceso.

Quería finalizar esta reflexión no sin antes afirmar que el problema de la Justicia española en general y de los procesos penales en particular no es la limitación de plazos establecida en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino la falta de medios del Poder Judicial para poder alcanzar una resolución en un plazo adecuado.

Cómo consecuencia de esta precariedad de medios ha habido una suerte de institucionalización en la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas en nuestro ordenamiento penal, lo que supone una anomalía a corregir con importantes inversiones en la Justicia.

Esa dilación en el tiempo de los procedimientos no hace sino generar en la sociedad una sensación de impunidad de los investigados que, en determinados supuestos como en las macro causas de corrupción, exige impartir justicia de un modo rápido y eficaz.

Ese, y no otro, es el gran reto que afronta el Ministerio de Justicia con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modernización: terminar con la sensación de impunidad que impera en la sociedad sin que eso suponga disminuir los derechos de los investigados en el procedimiento penal.

Tenemos un ejemplo muy claro y reciente en el caso del ex presidente de la Comunidad de Madrid que ha estado investigado durante 8 años por el caso del ático comprado en Marbella con el consiguiente desgaste personal, económico y social causado en su persona y en su entorno. Hay que evitar este tipo de situaciones a toda costa porque la justicia si llega tarde no es justicia y con mayor razón en el ámbito penal.

Enrique López Sierra