LA TEMERIDAD DE EXPROPIAR ILEGALMENTE

El pasado 5 marzo de 2021 realice una intervención como especialista en expropiaciones en el canal 24 horas de RTVE hablando sobre las expropiaciones temporales de medio centenar de viviendas en Baleares.

Concretamente analice este tipo de expropiaciones, conocidas realmente como cesiones de viviendas desocupadas de grandes tenedores, recogida en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.

Según esta normativa la Administración podrá disponer de los inmuebles desocupados de grandes tenedores por el plazo mínimo establecido para destinarlo al alquiler de vivienda habitual, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes.

Lo relevante a estudiar de esta figura jurídica es el cómo no respeta las garantías constitucionales que se establecen para este tipo de expropiaciones, tanto si es para una vivienda particular o un aeropuerto. Estas garantías son concretamente tres, en primer lugar, debe existir una declaración de utilidad pública o interés social, es un acto administrativo indispensable que ampara esa expropiación. La segunda garantía es que se tiene que seguir un procedimiento establecido legalmente, que sin duda es una de las garantías más importantes pata que no exista arbitrariedad.  Y en tercer lugar tiene que haber una justa compensación, el justiprecio, que quizás es lo más importante cuando te privan de un bien.

Desde mi punto de vista, considero, que si bien es cierto que en el año 2018 la Comunidad Autónoma balear aprueba una norma en la que se permite esa cesión temporal de viviendas, que en realidad es una expropiación, pues en la Ley de expropiaciones se denomina expropiación tanto a la privación definitiva como a la cesión temporal, pero han evitado el termino expropiación que quizás es más agresivo, por razones puramente de marketing.

Pero lo que sucede es que obligan a esos grandes tendedores a ceder esa vivienda en los mismos plazos que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece cuando tu alquilas una vivienda, es decir, si tu eres una persona jurídica  el inquilino que está alquilando esa vivienda tiene un plazo de 7 años para prorrogar obligatoriamente, ese alquiler, y lo que he detectado en esta norma es una serie de graves defectos, y que, como decía, atenta contra los principios constitucionales, por ejemplo, se establece un límite a priori para la justa compensación, y eso carece de todo sentido, pues la justa compensación tiene que ser en función del valor de mercado, y en este caso concreto si han expropiado para ceder a gente en situación de especial vulnerabilidad 158 viviendas y las pagan a 400 euros al mes, cuando esas viviendas valen el doble, el propietario de esas viviendas, sea un fondo, o sea banco o sea un tenedor privado con más de 10 viviendas, le están causando un prejuicio evidente.

Os dejo el video de mi intervención con el resto de conclusiones y análisis que llevamos a cabo para que os resulte didáctico y enriquecedor, porque no hay mayor temeridad que hacer ley sin pensar en el perjudicado.

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Manuel Serrano Conde