LA SOLUCIÓN INSUFICIENTE CON LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Como consecuencia de la guerra de Ucrania, y los incrementos en los materiales en el ámbito de la construcción, se recibió como una noticia positiva la aprobación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de, entre otras, medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

El conjunto de medidas del Real Decreto-ley vienen motivadas por la repercusión directa en los contratos públicos del aumento del coste de las materias primas y para compensar a los contratistas de obras públicas de este incremento extraordinario.

La revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras únicamente se realiza sobre el acero, los materiales bituminosos, el aluminio y el cobre como consecuencia de ser los materiales que tuvieron un incremento de precios superior al 20% en el año 2021.

Los contratos de obras que podrán emplear el mecanismo excepcional de revisión de precios son:

  • Los contratos de obras, tanto administrativos como privados, celebrados con entidades del sector público estatal.
  • Dichos contratos deberán estar en ejecución a la fecha de entrada en vigor del RD-ley 3/2022, esto es, a fecha de 2 de marzo de 2022, con independencia de cuál sea el régimen jurídico de aplicación al contrato.

Los materiales objeto de revisión deben sufrir, al menos, un incremento del 5%, tras la aplicación de la fórmula de revisión de precios del contrato, si estuviera recogida en el contrato o, en su defecto, la que corresponda conforme a lo establecido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. Sin embargo, el importe de la revisión excepcional de precios no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato, si bien su importe no afectará a los efectos del límite de las modificaciones contractuales no previstas en la documentación contractual.

Para ello, se ha diseñado un procedimiento que debe iniciarse a solicitud del contratista en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del RD-ley 3/2022 o desde la publicación de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes del último trimestre de 2021, si dicha publicación fuese posterior.

A la solicitud deberá acompañarse la documentación acreditativa de la excepcionalidad, que, en todo caso, deberá ser apreciada por el órgano de contratación, para lo cual, cuando sea posible, utilizará los datos del Instituto Nacional de Estadística. En caso de que a la solicitud no se acompañe de la documentación necesaria, el órgano de contratación conferirá plazo de siete días hábiles al contratista para su subsanación, transcurrido el cual sin que ésta se produzca, se denegará la solicitud.

Tras la recepción de la documentación, el órgano de contratación dictará una propuesta provisional sobre la procedencia de reconocer la revisión excepcional de precios y, en caso de que se entienda que ésta, en efecto, procede, se indicará la fórmula aplicable para su determinación. El contratista dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones.

Transcurrido dicho plazo, el órgano de contratación dictará resolución en el plazo de un mes tras la recepción de las alegaciones o desde el transcurso del plazo para su formulación.

En caso de que no se dicte resolución en el plazo previsto, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo, como viene siendo práctica habitual dentro de la Administración.

Si bien dicho Real Decreto-ley parecía saciar las necesidades surgidas como consecuencia de la guerra en Ucrania, entre otros motivos, no nos deja de llamar la atención determinados extremos que siguen dejando en mano de la Administración la facultad de conceder o limitar dichas revisiones.

Así, es del todo sorprendente que únicamente sean los materiales que han sufrido un incremento superior al 20%, y al mismo tiempo se delimite la revisión de precios a dicho porcentaje, siendo que el incremento que supere dicho porcentaje lo va a sufrir, en solitario, el contratista. También resulta llamativo que el pago de la cantidad correspondiente a la revisión excepcional de precios quede sujeta a la acreditación fehaciente del desistimiento, en su caso, de cualquier reclamación o recurso en vía administrativa o cualquier acción en sede judicial, derivada del incremento del coste de los materiales.

De esta forma, si bien es cierto que el Real Decreto-ley viene a dar aire a los contratistas relacionados con la Administración, no se trata más que de un parche que pretende remendar una situación de crisis global.

Manuel Serrano Conde

Ángel Suárez Simón