LA RULETA RUSA

Entre el catálogo de derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución se encuentra el derecho a un juez imparcial, que queda comprendido dentro del reconocimiento del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, recogido en el artículo 24.2 de la misma.

Este derecho fundamental consiste en el derecho de cualquier ciudadano a que el juez en el proceso en que sea parte ejerza la función jurisdiccional con total neutralidad y objetividad. Además, implica, no solo que el Juez no tenga relación con el asunto o las personas implicadas de la cual pudiera derivarse la presencia de algún interés invalidante, sino también que el Juez que ha indagado en la actividad instructora no pueda actuar como Juez en el Tribunal sentenciador.

Pues bien, últimamente están acaeciendo determinadas situaciones que ponen en duda que realmente en nuestro Orden Constitucional se proteja y garantice este derecho fundamental.

El primer aspecto que debería preocupar a la ciudadanía es la constante insistencia por parte de los partidos políticos de controlar el órgano de Gobierno de los Jueces y Tribunales, siendo una de las más recientes disputas al respecto el intento del Gobierno de modificar las mayorías necesarias para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, intentando imponer uno de mayorías mucho más débiles bajo la excusa de que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, tiene secuestrado el mencionado órgano desde la oposición. Pero, en las últimas semanas, se ha producido un nuevo intento de injerencia al registrar conjuntamente PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, para su tramitación urgente, con la intención de que, una vez caducado su mandato el CGPJ no pueda realizar nombramientos mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones, lo que entorpecería enormemente el buen funcionamiento de los Juzgados y Tribunales habida cuenta las dificultades para renovar su órgano de gobierno.

En segundo lugar, se debe tener presente que, si bien respecto a otras oposiciones no se critica el sistema de acceso, que es esencialmente igual al de la Carrera Judicial y Fiscal, respecto a ésta última se pone en entredicho constantemente, tachándola de anticuada y proponiendo fórmulas más “modernas” pero de dudosas intenciones y efectividad. Es cierto que el sistema no es perfecto, pero sí, probablemente, el más objetivo, que en última instancia es lo que se trata de preservar, debiendo ser protegido de posibles argucias torticeras que puedan pretender otros poderes del Estado.

En tercer lugar, ha sido cuanto menos chocante la imagen proyectada por parte de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña recibiendo las llaves del Pazo de Meirás, ya que estas imágenes constituyen un espectáculo poco ortodoxo del que los miembros de la Carrera Judicial no deberían formar parte. Por un lado, porque correspondería al Letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas, proceder a la entrega de las llaves. Por otro lado, porque empaña totalmente la imagen de imparcialidad de los miembros de la Carrera, dando muy mala imagen y que echa leña al fuego a la constante polémica sobre la falta de objetividad de sus miembros. Y, es que además, no deberían, por imprudente y perjudicial, prestarse a este tipo de “shows políticos” ya que son ellos mismos los primeros que deberían velar por conservar la imagen de neutralidad de la Institución en aras de protegerla ante ataques externos.

Quizás el ciudadano medio se pregunte por qué debería preocuparle la imparcialidad de los jueces y fiscales, pues aparentemente no es algo que le afecte en el día a día o que parezca que pueda tener algún tipo de efecto en el ámbito de su esfera vital, pero debería preocuparles y mucho. Si no se luchase por la imparcialidad e independencia judicial, podría pasar que, llegado el día en un pleito, un asunto fuese resuelto de forma totalmente injusta y arbitraria, o aún peor, cuando las administraciones o los poderes públicos atentasen contra nuestros derechos y libertades, quedaríamos totalmente desamparados y ello daría lugar a un escenario típico de regímenes totalitarios.

Por tanto, es importante que los ciudadanos defiendan la garantía del derecho fundamental a un juez imparcial para que esa imparcialidad quede intacta y no dejarse llevar por mensajes capciosos que se puedan emitir por cualquier político pues en caso contrario estaríamos jugando a la ruleta rusa y nunca sabríamos cuándo se va a disparar la bala contra nosotros.

 

Manuel Serrano Conde.

María Vázquez de las Cuevas.