LA MUERTE DEL DERECHO MUEVE PIEZA EN LA JERARQUÍA NORMATIVA Y LA RESERVA DE LEY

ESTUPEFACTO OBSERVARÍA EL REY DEL MISTERIO LA JUGADA

· Bien es sabido que el Boletín Oficial del Estado (BOE) es un instrumento muy poderoso del Gobierno, pero lo que no se conocía hasta ahora es que se utilizara el BOE para violar la Constitución ni, por supuesto, el Estado de Derecho.

Debemos tener en cuenta que la ideología social comunista que está instalada en el Gobierno, aplica el uso del derecho para lo que le interesa, que es la teoría conocida como “uso alternativo del Derecho”. Se utiliza la norma con los fines que un determinado Gobierno e ideología quieren, sin importar nada los principios constitucionales del Estado de Derecho.

Casi todos los días desde hace ya un par de meses, tenemos ejemplos de Decretos-leyes que violan el principio fundamental de la jerarquía normativa y al amparo y con justificación en la pandemia, lo utilizan para otros fines, muchas de las veces espurios y sin justificación.

Pero hoy toca comentar una Orden, la número 336/2020, de 9 de abril, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, (https://cutt.ly/SyjZvHF), en la que se cometen tres atrocidades jurídicas.

Esta Orden, basada en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y el en Real-Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 modifica el principio de jerarquía normativa, porque no desarrolla el Real Decreto 106/2018 sino que modifica partes sustanciales del mismo por medio de una Orden ministerial al amparo del Real Decreto-Ley 11/2020. ¿Era esto necesario? Entendemos que no. Aunque parezca una “tontería”, saltarse a la torera el principio de jerarquía normativa utilizando Órdenes Ministeriales para modificar Leyes o Decretos, es una actitud muy peligrosa porque se empieza por ahí y se termina cambiando a los jueces, quitando a los funcionarios incómodos, ayudando a los “amiguetes” y un largo etcétera.

Esta Orden regula en efecto, dos cuestiones sustanciales y de tipo material, como son las ayudas a los alquileres de viviendas y la posibilidad de ocupar viviendas privadas sin emplear ningún procedimiento expropiatorio, a la que ya nos hemos referido en este blog.

En cuanto a la primera cuestión, a primera vista, parece que lo que se pretende es una ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad pero en realidad se favorece a los propietarios de las viviendas que las tienen alquiladas, y en particular al llamado “banco malo” SAREB, que tiene muchas viviendas en alquiler y está participada por los llamados “fondos buitre” y los bancos. El Gobierno bien podía haber decidido comprar SAREB para poner su ingente patrimonio inmobiliario en el mercado del alquiler. Pero la solución que ha adoptado esta Orden no es ni más ni menos, que pagar los alquileres de esta empresa pública cuando no los pagan los inquilinos, en vez de comprar las viviendas a plazos con el precio del alquiler, favoreciendo con ello, a los “fondos buitre”, tan denostados por el Sr. Iglesias. Otra incoherencia más.

Con este sistema, también se pretende intervenir en el mercado de las rentas estableciendo unas cantidades que, algunas veces, están por debajo y otras veces, por encima del precio de mercado. En resumen, un disparate.

El problema de los alquileres de viviendas y de los precios que ahora, por supuesto, cambiará, tiene su origen en la falta de previsión de los Gobiernos y de algunos Ayuntamientos, de no construir viviendas públicas teniendo paralizados los Planes Generales y Parciales con unas absurdas limitaciones por informes de medio ambiente que tardan años en emitirse y que nadie quiere criticar para “no mojarse”.

La segunda cuestión de la Orden, que se refiere al programa de ayudas a víctimas de la violencia de género, desahucios, personas sin hogar y otras personas vulnerables, tiene escondido en un artículo un precepto también peligroso. El art. 4, en su apartado 3, dice que “… las comunidades autónomas pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública…”, pero añade que “… cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes …”.

¿Qué quiere decir esto? Pues, parece claro, que, sin seguir un procedimiento expropiatorio, la Administración puede ocupar viviendas de titularidad privada “cuando le venga en gana” y “no hay vuelta de hoja” en cuanto a las interpretaciones de este artículo, que favorece la usurpación, es contrario al art. 33 de la Constitución y está escondido en un precepto, como si de algo de poca importancia se tratara, vulnerando la reserva de Ley.

Si a esto le añadimos la posibilidad de que el empadronamiento pueda referenciarse a las denominadas infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) considerándose estos domicilios como válidos en el Padrón, según la nuevas instrucciones técnicas publicadas el sábado (https://cutt.ly/pyjXNTk) lo que se produce es un auténtico despropósito y desorden generalizado que nadie desea, salvo el Gobierno, como sorprendentemente resulta de sus actuaciones.

En resumen, es muy útil para estos gobiernos el BOE, con el que pretenden “cepillarse” el Estado de Derecho, seguir su ideología, y prácticamente, hacen lo mismo que hacía el Sr. Chávez en Venezuela, cuando paseando por la calle determinaba qué viviendas o qué negocios había que expropiar manu militari. Esperemos que este Gobierno dure poco por el bien de España.

Es justicia que pedimos en Madrid a 5 de mayo de 2020,

José Manuel Serrano Alberca · Letrado de las Cortes Generales