LA JUSTICIA NO SE COMPRA, Y LOS DERECHOS NO SE VENDEN.

Esta semana comenzamos la jornada informativa con una noticia tan sorprendente como esperada: “Las cuatro asociaciones de jueces del país se han unido para reclamar el cambio del sistema de elección de vocales del CGPJ y para ratificar la independencia de la carrera judicial”. Y es que este comunicado no deja indiferente a nadie, las asociaciones de jueces más importantes del país se han levantado para reclamar lo que según el artículo 117 de la CE, es suyo, la independencia y la seguridad jurídica.

Se proponen alejarse de los entresijos políticos que rodean la farándula judicial e impulsar la necesidad de un nuevo sistema de elección de los componentes del Consejo General del Poder Judicial, encaminando su objetivo en la urgente renovación de la actual designación.

Se rechaza el uso partidista del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y se propone que esa renovación del órgano de gobierno de los jueces sea a través de la elección de los propios jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial. Se atreven a confesar que existe una “anomalía institucional” que debe ser corregida, aunque mantienen que su postura no es política: “Los jueces españoles nos mantenemos ajenos a las disputas políticas. El compromiso de las asociaciones judiciales es trabajar para que ello siga siendo así en el futuro”.

Y es que no podemos imaginarnos la ardua tarea que resulta mantenerse cuerdo en medio de un océano de tiburones, luchando en su compromiso con la sociedad española en la defensa de los valores consagrados en nuestra Constitución y tratando de mantenerse al margen de las disputas políticas mientras luchan por su credibilidad judicial y cooperan en reforzar los mecanismos que lo garanticen.

Y es la realidad  que la independencia judicial no constituye una prerrogativa o un privilegio acordado en su interés, sino en el del Estado de Derecho y en la sociedad que espera justicia imparcial, debería ser considerada como una garantía de la libertad, del respeto de los derechos humanos y de la aplicación imparcial del derecho, esenciales para garantizar la igualdad de las partes ante los tribunales.  Por esto da pena como ver como a día de hoy el Poder Judicial va quedando vacío de contenido y convirtiéndose poco a poco en un servicio de Justicia condicionado por el Poder Ejecutivo, o mejor dicho por los partidos políticos que controlan el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre los cuales por desgracia tampoco existe una separación de poderes real y efectiva.

Como letrados apoyamos la lucha hacia la independencia y esa nueva forma de elección, pues la independencia y objetividad judicial se constituye como el principio fundamental del estado de derecho, se garantiza, al menos, a través de los mecanismos de designación y remoción de los jueces, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y la administración de sus propios recursos.

No podemos dejar que esa idea de independencia y trabajo al servicio de una sociedad justa y equilibrada se pierda en medio de justas medievales por el poder en pleno siglo XXI, los partidos políticos ya nos han demostrado que somos un medio para un fin, ganar la batalla, pero no hay que perderse por el camino, sino luchar, y perseguir mantener la pureza judicial de la que tan orgullosos estamos. La justicia no se compra, y los derechos no se venden.

 

Manuel Serrano Conde

Marina Vidal de Lamor