LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE LA UNIDAD DE DOCTRINA

NUEVO QUEBRANTO EN CONTRA DEL CIUDADANO

· El principio de unidad de doctrina supone en esencia que, si los Tribunales han resuelto sobre una cuestión de una determinada manera, si se presenta un supuesto sustancialmente idéntico, este debe tener la misma solución.

Desde este punto de vista, la unidad de doctrina, tantas veces invocada por los Tribunales del Orden contencioso-administrativo en beneficio de la Administración y correlativo “perjuicio” de un particular, es una consecuencia directa de la denominada garantía a la no modificabilidad del fallo como parte integrante del contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2006, Sala Tercera de lo contencioso administrativo, recurso 3395/2001). Pero no hay que perder de vista que es innegable la presencia en este principio del derecho a la igualdad, consagrada también constitucionalmente.

Recientemente, se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una Sentencia muy injusta en la que, ante dos situaciones sustancialmente idénticas, se ha resuelto por la misma Sección, de manera totalmente distinta.

Me refiero a la Sentencia 198/2020 de 3 de junio dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal en el procedimiento ordinario 99/2019. Los antecedentes del caso son los siguientes: la antigua Junta de Construcciones y Equipo Escolar expropia en el año 1971 una serie de parcelas en el municipio de Alcobendas para ampliar las instalaciones de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales. Pasan más de 30 años sin que por parte de la Administración ni tampoco de la Universidad Politécnica de Madrid que se convierte en titular de estos bienes, se inicie obra alguna por lo que, en el año 2006, los expropiados solicitan la reversión de los terrenos por este motivo.

Es conocido, que cuando se expropia un bien con una finalidad y ésta no se ejecuta, surge el derecho de los expropiados a recuperar dicho bien devolviendo el justiprecio que se pagó en su día actualizado con los intereses o cuando el bien ha experimentado cambios en su calificación jurídica, como por ejemplo cuando pasa de ser suelo rústico a suelo urbanizable, entonces es preciso hacer una nueva valoración que fije el precio que tiene que devolverse a la administración expropiante o en su caso al beneficiario.

Este era precisamente el caso resuelto por la Sentencia que consideramos injusta y contraria a derecho porque lesiona el principio de unidad de doctrina. En concreto, en el caso resuelto por la sentencia se trata de fijar el justiprecio de reversión de una parte de la parcela 401 del polígono 20 de Alcobendas que en el año 2006 era suelo urbanizable no sectorizado y por tanto debía valorarse como suelo no urbanizable según la normativa vigente en ese momento. Pues bien, resulta que la valoración de esta misma parcela para fijar el justiprecio de reversión en la parte de parcela restante, ya se había establecido mediante sendos Autos de fecha 7 de junio de 2018 y 9 de julio de 2018 en el marco del incidente de Ejecución ETJ 865/2015-0001 del procedimiento Ordinario 1601/2005, con fundamento en un informe pericial emitido en sede judicial por Perito Ingeniero Agrónomo que determinó que el valor de la finca objeto de reversión era de 7,69 €/m2, nada mal si se tiene en cuenta que se trata de un suelo rustico.

Sin embargo, la Sentencia que ahora criticamos considera que no se han tenido en cuenta las expectativas urbanísticas en esta valoración, expectativas que el perito judicial ya rechazó y se resolvió con carácter firme por parte de la misma Sala denegando su aplicación a este caso, e incrementa el precio de valoración en un 500%. El argumento que emplea la Sentencia para justificar el cambio de doctrina es ciertamente peregrino: se dice que, en el supuesto inicial, no ha intervenido el Jurado de Expropiación en la valoración como si acontece en el caso presente, sino que se ha resuelto directamente por la Sala, pero además esta Sentencia incurre en la contradicción de utilizar ese valor fijado por la Sala con carácter firme en el primer supuesto, para aplicarle el referido incremento, lo cual llama poderosamente la atención. Todo vale con tal de favorecer a una entidad pública.

Esta resolución desde mi punto de vista y del sentido común y la lógica jurídica no se sostiene porque se trata de la misma parcela catastral, del mismo expediente expropiatorio de origen, de la misma reversión, y de un justiprecio fijado sobre la base de un informe pericial emitido por un perito designado judicialmente que la propia Sala consideró acertado y que ha adquirido firmeza. ¿Dos supuestos idénticos que merecen una solución distinta?

Pues sí, ahora se resuelve que no vale lo establecido con carácter firme, se multiplica el precio por cinco, sin argumentos sólidos y razonables y ello entraña una quiebra del principio de unidad de doctrina, del principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva que debería rectificarse, siempre que los propietarios decidan emprender la dura batalla del recurso de casación que con la nueva regulación, en la que hay que acreditar el interés casacional objeto de la cuestión planteada, resulta una tarea casi imposible y desde luego una carga que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar ante una situación tan evidente y flagrante como la provocada por esta injusta Sentencia.

La pena es también que el cambio de unidad de doctrina, en mis 20 años de experiencia, solamente lo he visto a favor de la Administración, pero nunca del ciudadano. ¿Casualidad o destino?

Es justicia que pido en Madrid a 5 de Julio de 2020.

Manuel Serrano Conde