LA IMPORTANCIA DE LA SEDE ELECTRONICA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA NECESIDAD DE UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO.

LA IMPORTANCIA DE LA SEDE ELECTRONICA EN EL FUNCIONAMIENTO DELA ADMINISTRACIÓN Y LA NECESIDAD DE UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fija en su Preámbulo la importancia de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas. Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.

La tramitación electrónica es, o mejor dicho, debe ser la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.

La Administración está obligada por el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 a permitir a los administrados consultar el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados en el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso (Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan).

Sin embargo, lo cierto es que, a día de hoy, la Administración, en su ámbito local principalmente, pero también a nivel provincial, autonómico y estatal, no ha llegado a implementar todos los instrumentos y medios para dar pleno cumplimiento a dichas obligaciones. En este sentido, incluso la Administración ha llegado a pretender que los administrados se desplacen más de 300 kilómetros hasta sus instalaciones ofreciendo como única vía de acceso a la información, que además les permitan presentar las correspondientes alegaciones que consideren oportunas, casando de esta forma una indefensión material y especialmente en las expropiaciones.

Actualmente el Tribunal Supremo, si bien no se ha pronunciado respecto de la necesidad y obligación de la Administración de permitir el acceso telemático a la información de los procedimientos en los que los administrados ostenten la condición de interesados, si que lo ha hecho respecto del uso que realiza la Administración de los mismos a través de la inadmisión del recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaraba la invalidez de las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria (AEAT) si este sistema de comunicaciones no había sido aceptado expresamente por el contribuyente persona física (particular, empresario o autónomo).

Si bien el tiempo no ha permitido que el Tribunal Supremo valore las implicaciones que tiene la tecnología en el uso diario de las Administraciones, así como la necesidad y obligación por parte de estas de implementar todos los instrumentos necesarios para permitir la Sede Electrónica, ya es necesario un pronunciamiento expreso que obligue a las Administraciones a ser consciente de la necesidad de dar estricto cumplimiento de dichas obligaciones en plena garantía de los administrados.

Desde Serrano Alberca & Conde tenemos experiencia en la defensa de los intereses de los administrados, especialmente en los procedimientos tan dolientes para éstos como los expedientes de expropiación, en los que en ocasiones la Administración decide prescindir del procedimiento legal establecido con el único fin de a través de la indefensión causada, obtener el mayor beneficio para sí mismo perjudicando al ciudadano. Actualmente tenemos pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto de un recurso de casación respecto de los derechos de los interesados en relación a la Sede Electrónica.

Desde Serrano Alberca & Conde (https://serranoalberca-conde.com) nos ponemos a disposición de aquellos propietarios que pudieran estar afectados por una situación similar a la descrita para defender sus derechos e intereses.

Ángel Suárez Simón

Manuel Serrano Conde

20 de Septiembre de 2022