LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

Cada vez que hay elecciones, bien sean generales, bien de otro ámbito, se habla de la fiesta de la democracia. Como buenos españoles amantes de la fiesta ¡No paramos! Desde hace un tiempo a esta parte, no hay año que no celebremos la democracia.

El miércoles nos sorprendíamos con la presentación, conjuntamente por parte de Ciudadanos y PSOE, de una moción de censura al Gobierno de Murcia que ha desencadenado en una bacanal democrática con Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones, seguido por la presentación de sendas mociones de censura por parte de los grupos PSOE y Ahora Madrid, y, además, el PSOE presentando una moción de censura al Gobierno de Castilla y León.

Centrándonos en Madrid, en algunos medios se ha planteado el problema jurídico de a qué acto se atribuye efectos en primer lugar, si al acto político de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que firmó el decreto de disolución de la Asamblea, convocando elecciones, entorno a las 12 del mediodía del 10 de marzo de 2021, o bien a los actos de PSOE y Ahora Madrid que presentaron las mociones de censura aproximadamente una hora después, alrededor de las 13 horas, habiéndose admitido a trámite por la mesa de la Asamblea de Madrid.

En síntesis, el problema que se plantea es si se considera que la disolución y convocatoria de elecciones produce efectos desde la firma del decreto o desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En este sentido, establece el artículo 2 de Ley 5/1990, de 17 de mayo, reguladora de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad que: El Decreto de disolución se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación”. Añade, el apartado 2 del artículo 1 de la misma ley 5/1990 que: “No podrá acordarse, en ningún caso, la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid cuando se encuentre en tramitación una moción de censura”.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 21 señala: “El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura. La disolución se formalizará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo los requisitos que exija la legislación electoral aplicable”. Por tanto, mientras que la Ley 5/1990 hace referencia a la eficacia de la publicación del decreto de disolución en el BOCM, el Estatuto de Autonomía hace dicha distinción.

La opción de considerar que el decreto de disolución produce sus efectos desde la firma es la más plausible, puesto que la publicación se realiza con el objeto de convocar elecciones. Por su parte, la tesis de que la disolución de la Asamblea produzca efectos desde su publicación es contraria al texto y espíritu de la ley. Si se entiende que en el íter que transcurre desde que se firma el decreto hasta que se publica en el Boletín Oficial correspondiente, se pueden presentar mociones de censura, entonces jamás podría prosperar el acuerdo de disolución de una Cámara o de una Asamblea, pues bastaría con presentar el mismo día que se adopte la decisión de disolución de aquella dicha moción, ya que no es un documento excesivamente complejo de redactar.

Esta postura, además, se apoya en la propia exposición de motivos de la Ley 5/1990, de 17 de mayo, reguladora de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad destaca que: “fue voluntad de los redactores del Estatuto de Autonomía configurar un sistema de gobierno parlamentario en el que se fortaleciera la posición del ejecutivo” y que continúa diciendo que: “como ha evidenciado la práctica de otros sistemas constitucionales y nuestra propia experiencia, el principal responsable de la estabilidad gubernamental es, en última instancia, el sistema de partidos, y la moción de censura constructiva es incapaz de cumplir sus fines en situaciones de grave conflicto entre las fuerzas representadas en el Parlamento”.

Pero es que, además, no se debe olvidar que el artículo 1 del Decreto 13/1983, de 16 de junio, por el que se crea el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid indica que: “Se crea el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», que será el medio oficial de publicación de las disposiciones y acto, de los órganos de la Comunidad.” Por ello, debe entenderse que la publicación en el BOCM tiene los solos efectos de publicidad y convocatoria de las elecciones, pero no la de demorar los efectos del acto político de decretar la disolución de la Asamblea.

Se avecina una “rave” que nos va a dejar un resacón de varios días, pero confiemos en que los tribunales sean razonables y entiendan que el acto de disolución produce efectos desde su firma.

 

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas