LA CONFIANZA LEGITIMA, EL ANTIDOTO A LA ARBITRARIEDAD

España, vende su imagen al exterior, como un Estado de derecho, donde la democracia y las libertades son su principio rector; y sí, en cierta medida es así. No obstante, se debe seguir luchando para que las instituciones garanticen en todo momento los derechos y libertades de los ciudadanos, y evitar toda posible mala praxis que perturbe el buen funcionamiento de las instituciones.

Para garantizar que España siga en la senda constitucional, y sea un auténtico Estado de Derecho, nuestro ordenamiento jurídico prevé varios preceptos normativos, como es el caso del Principio de Confianza Legítima. Éste sirve como marco de actuación de los particulares en sus relaciones con los poderes públicos, y en la práctica sirve como límite al ejercicio de las potestades administrativas.

El Principio de Confianza Legítima deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica y buena fe. La administración pública no puede defraudar las expectativas que han creado sus normas y decisiones, sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto. Así lo enumeran diversas sentencias, a destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo de 1990 que establece que “el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas”.

Este principio jurídico, sirve de amparo siempre que concurran los siguientes tres requisitos, tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo, sala 3ª, de fecha 22 de febrero de 2016, nº rec. 4048/2013:

  • (1) Que se base en signos innegables y externos.
  • (2) Que las esperanzas generadas en el administrado sean legítimas.
  • (3) Que la conducta final de la Administración resulte contradictoria con los actos anteriores y sea sorprendente e incoherente.

La confianza en las instituciones es un indicador de estabilidad en un Estado democrático de derecho. Es fundamental, que los ciudadanos sientan que se puede confiar en las instituciones, y que los procedimientos institucionales se rijan bajo actuaciones justas y previstas en nuestro ordenamiento jurídico, para dotarlos de plena certidumbre.

Si se rompe la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, o se considera que la Administración es corrupta, en el sentido de actuar en contra de los intereses legítimos de los ciudadanos, defraudando expectativas que han creado sus normas y decisiones, sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto, comienza el síndrome de la mala reputación de las instituciones.

Llegados a este punto, daremos un ejemplo para ver cómo se podría aplicar el Principio de Confianza Legítima:

Imaginemos que somos propietarios de una finca colindante a una autovía, y que, para la entrada a la misma tenemos un acceso reconocido por la Administración desde tiempo inmemorial. Imaginemos que hace veinte años teníamos en esa misma parcela un restaurante, cuya entrada se realizaba por ese acceso, ya que la Administración lo conocía y lo consideraba conforme a Derecho. En este contexto, sería una vulneración del Principio de Confianza, que, en la actualidad, la Administración dejara de reconocer de forma arbitraria la vigencia de ese acceso que conecta la autovía con la finca, más aún si estuvieran recién pintadas las líneas discontinuas en la calzada.

Visto el ejemplo anterior, es importante no malinterpretar el precepto. No estamos diciendo que la Administración no pueda cambiar su criterio, sino que para que el cambio de criterio sea posible, es necesario que sea motivado y esté basado en razones objetivas. Los cambios de criterio jamás pueden ser infundados o arbitrarios; y en el caso que lo sean, si se produjera una lesión a los intereses de los administrados, se dará lugar a la emergencia de un derecho a la indemnización.

En conclusión, España es un Estado de Derecho, y, en consecuencia, se debe garantizar que sus instituciones tengan en todo momento un buen funcionamiento, y para ello, es necesario que se cumpla el Principio de Confianza.  Como decía Abraham Lincoln la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Y eso debería ser el móvil que motivara todas y cada una de las actuaciones de las instituciones, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos, ofreciendo seguridad jurídica siempre en sus actuaciones y alejándose de decisiones arbitrarias y subjetivas.

 

Manuel Serrano Conde

Belén Montes García