¡EXPRÓPIEME Y NO PONGA EXCUSAS!

¿Pasan los años, y no te expropian?, ¿No puedes edificar en tu terreno? ¿Pagas IBI por una propiedad que no puedes usar? ¿Se queda de brazos cruzados el Ayuntamiento?

Si las respuestas a estas preguntas han sido “SÍ”, se debe iniciar lo que jurídicamente se denomina “Expropiación por Ministerio de la Ley”, o dicho en otras palabras “Expropiación Forzosa” o “Expropiación Rogada”.

El Plan General de Ordenación Urbana tiene la capacidad de poder calificar ciertos terrenos como “Suelo Dotacional Público”. Ello quiere decir que, la Administración ha considerado de forma unilateral y sin preguntarle al propietario, que ese suelo será destinado a un uso público (zonas verdes, calles, centros escolares, edificios administrativos, instalaciones deportivas o equipamientos culturales). Lo que le priva por completo de su derecho de uso y disfrute ya que no puede iniciar edificación alguna en su propia propiedad.

Ante estos casos, no está todo perdido, sino que existe una herramienta legal que obliga al Ayuntamiento a expropiar a aquellos propietarios que así lo deseen y que tengan un suelo calificado como dotacional público. Ello se llama “Expropiación por Ministerio de la Ley”.

El problema ocurre cuando el Ayuntamiento percibe la Expropiación por Ministerio de la Ley como una amenaza, pues supone un detrimento de las arcas locales, ya que tiene que pagar al propietario el valor de su propiedad. Ante esta amenaza suelen ocurrir dos escenarios:

Escenario 1: “la excusa del presupuesto”.

El correspondiente ayuntamiento pone la excusa de que el ejercicio de la Expropiación por Ministerio de la Ley compromete seriamente los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera en la asignación y utilización de los recursos públicos o de responsabilidad, y es así como se escudan ante una supuesta imposibilidad material de iniciar el procedimiento expropiatorio. En cambio… Siempre hay presupuesto por parte del Ayuntamiento para ciertas actuaciones que es mejor no plasmar por escrito, pero que seguro el lector puede adivinar.

Escenario 2: “la indefinida moratoria legal”.

Son varias las normativas las que recogen la moratoria de la Expropiación por Ministerio de la Ley, suspendiendo el plazo para iniciar la referida actuación. Un claro ejemplo es lo sucedido en la normativa valenciana. Fue la Ley 5/2014 (LOTUP 14), la primera Ley en reflejar una moratoria de 4 años (hasta el 31 de diciembre de 2018), y desde entonces, las sucesivas normativas han ido ampliando dicha moratoria hasta el 31 de diciembre de 2023 (Lotup 21), lo que hace un total de 9 años consecutivos de suspensión en dicho procedimiento expropiatorio. ¿Acaso es esto una actuación justa digna de un Estado de Derecho como es España?

Considerar que se puede establecer durante al menos 9 años una moratoria para solicitar la Expropiación por Ministerio de la Ley es una aberración jurídica y por supuesto inconstitucional, que coloca al ciudadano ante un abuso manifiesto por parte del Ayuntamiento y se le vulnera las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad.

Además, es importante resaltar un matiz… Las normativas que comprenden las referidas moratorias suelen ser autonómicas ya que tienen atribuida la competencia exclusiva sobre urbanismo, pero éstas en ningún caso pueden vulnerar la competencia exclusiva del estado sobre la regulación de condiciones básicas en el ejercicio de propiedad urbana, y lo que aquí interesa, expropiación forzosa.

Lo importante es, que existe jurisprudencia que defiende esta postura, como hace la STC 61/1997 al considerar que:

“Todas ellas [las normativas autonómicas de materia urbanística] giran en torno al urbanismo en sentido subjetivo, a los derechos y deberes básicos de los ciudadanos, en esencia, en derredor de la propiedad en sentido amplio y su sistema de garantías (indemnizatoria y de procedimiento)”.

Decía Albert Einstein que su ideal político era el democrático, y que cada uno debía ser respetado como persona y nadie debía ser divinizado. Los ayuntamientos deberían respetar a los españoles y no privarles de un derecho tan esencial en un sistema democrático como es la propiedad bajo excusas de imposibilidad material debido a la insuficiencia de presupuesto o la indefinida moratoria legal, que como hemos visto puede durar muchos años.

 

Manuel Serrano Conde

Belén Montes García