EL REY DE BASTOS: MONARQUÍA E INVIOLABILIDAD

EL REY DE BASTOS: MONARQUÍA E INVIOLABILIDAD

He leído estos días muchos artículos sobre un tema tan importante y que afecta no solamente a la Monarquía sino a España.

Muchos de estos artículos, con alguna excepción, se dedican a recordar los innumerables servicios que Don Juan Carlos I ha hecho a España y que, efectivamente, son indiscutibles; otros, se refieren a los actos del Rey Emérito (cacerías, amoríos, etc.) como algo tolerado por la prensa y los “políticos de turno”; otros mezclan conceptos jurídicos sobre la inviolabilidad parlamentaria y la del Rey o la inviolabilidad del Jefe del Estado en Derecho Internacional.

No hay duda de que en Derecho todos los argumentos son posibles, pero ninguno de estos artículos toca de forma directa el problema que para mi tiene dos vertientes, una que afecta al Rey Emérito como persona, y otra que afecta a la Institución.

La primera cuestión es la de la inviolabilidad del Rey en relación con sus actos privados mientras ejercía la Jefatura del Estado y, por otra parte, si esa inviolabilidad es aplicable después de la abdicación.

La segunda cuestión es la de los efectos que la conducta del Rey tiene sobre la Monarquía.

La inviolabilidad es una prerrogativa del Rey que abarca a sus actos privados, a todos, porque la otra prerrogativa, que es la irresponsabilidad, afecta a actos públicos sobre la base del refrendo, elemento esencial de nuestra Monarquía parlamentaria.

Es inútil discutir si los actos privados del Rey, por muy descuidados que sean, están sometidos al Código Penal; no lo están. Su fundamento en la tradición, en el Derecho comparado con cualquier otro argumento, puede no ser aceptado o creído, pero si algo quiere decir esta prerrogativa es precisamente que el Rey no está sometido en su vida privada a leyes penales. Es un privilegio, claro, pero está reconocido expresamente en la Constitución Española y no necesita ninguna ley de desarrollo.

Algún comentarista de la Constitución se ha planteado el problema de los posibles delitos del Rey, como en el caso de cometer un asesinato, y claro que este acto tendría repercusión moral, social, lo que se quiera, pero no penal, afectaría a la Institución y podría tener efectos en la Monarquía y para el propio Rey.

Dicho esto, y precisamente por ser una prerrogativa regia, el Rey, en cuanto lo es, los actos privados después de la abdicación del Rey Emérito están sometidos a las leyes como las de cualquier ciudadano. Algunos políticos y algunos periodistas han hablado en los periódicos de posibles delitos fiscales del Rey Emérito, sin tener en cuenta la presunción de inocencia, e incluso más, teniendo en cuenta que no se ha abierto todavía ningún procedimiento penal en su contra.

Si se hiciera, sería ante el Tribunal Supremo que tendría que decidir si estos actos se han cometido cuando era todavía Rey o después, para aplicar o no la inviolabilidad, cuestión de la aplicación temporal del Derecho, que no es una cuestión baladí, como a primera vista podría parecer.

El segundo problema es de cómo afectan los actos privados del Rey cuando lo es y cuando abdica. Aquí ya no estamos ante un problema legal sino ante uno social y de legitimidad de la Institución. El Rey no tiene poderes, pero debe tener virtudes y una fundamental es la ejemplaridad y otra la prudencia.

Don Juan Carlos I tenía muchas virtudes cuando era Rey, pero le han faltado la prudencia y la ejemplaridad en algunas ocasiones.

El Rey puede no estar sometido a las leyes penales, pero si comete un delito puede hacer desaparecer la Monarquía. El Rey Emérito, si fuera imputado ante el Tribunal Supremo produciría un grave perjuicio a la Monarquía y a España, aunque no fuera condenado, por muchos servicios que nos haya hecho durante su reinado.

Desde luego, algunos artículos a los que me he referido pretenden una reforma de la Constitución o el desarrollo de algunos temas por medio de una Ley Orgánica de La Corona. Creo que esta Ley Orgánica podría desarrollar temas menores, como el de la abdicación, el orden de sucesión, etc., pero un cambio de la Constitución Española que diera más poderes al Rey o controlar su actividad privada, sería un error.

El Rey en nuestra Monarquía parlamentaria tiene funciones, no poderes, que deben guiarse por la prudencia y es imposible, por tanto, regular la vida privada del Rey, pues ello supondría la supresión del privilegio de la inviolabilidad, que es inherente a la Monarquía.

España ha gozado de una época de oro durante la Monarquía del Rey Juan Carlos I y del prudente Felipe VI. Esperemos que el “Rey de Oros” que ha estado presente y ha dado tantos beneficios a España, no se transforme en un “Rey de Bastos”.

José Manuel Serrano Alberca
Manuel Serrano Conde