EL GOBIERNO DEBE RESPONDER POR LA VÍA PENAL

EL BANQUILLO SERÁ SU TRONO

· Es indescriptible la sensación de rabia, desconcierto, decepción y desasosiego que tenemos los españoles ante la gestión de la crisis del COVID 19 por el Gobierno al mando. Mientras escribo estas líneas, por desgracia para todos, estará muriendo algún compatriota, que se sumará a la larga lista de los casi 6000 fallecidos, en poco más de 15 días desde que se declaró el estado de alarma.

Resulta sorprendente que este Gobierno reclame lealtad a la oposición (y esta inexplicablemente se la conceda) porque en una situación anterior de crisis sanitaria mucho menos grave, la causada por el virus del Ébola, el actual presidente y su vicepresidente no dudaron en machacar a Rajoy, exigiendo “limpieza democrática” a pesar de que no hubo ningún fallecido en nuestro país por esta causa. 

No hay que confundir la necesaria unidad de acción de todas las Administraciones Públicas para paliar con urgencia los efectos de este virus y el apoyo de la prorroga del estado de alarma (aunque en realidad es ya un estado de excepción encubierto) con la obligación moral y política que tienen los partidos de la oposición de ejercer un férreo control sobre las acciones del Gobierno, exigiendo las responsabilidades que procedan en todos los órdenes, antes las graves negligencias cometidas en la gestión de esta crisis. La compra en China de unas pruebas de diagnóstico que han resultado ser inoperantes, son una simple anécdota si tenemos en cuenta todo lo sucedido desde que se desató la alarma internacional del COVID 19 sin que se haya hecho literalmente, absolutamente nada. 

Algunos de nosotros, con muchos menos asesores y medios que nuestro Gobierno, antes del fatídico 8 de marzo y todos los actos que se mantuvieron por no suspender esa manifestación sectaria, hemos prevenido dentro de nuestras posibilidades esta crisis, cancelando viajes, instaurando el teletrabajo, comprando mascarillas y provisiones, etc. La razón no es otra que el sentido común, el menos común de los sentidos, como afirma un buen amigo.

Por esta razón, quiero dar respuesta a la pregunta que ronda por las mentes de muchos ciudadanos: ¿Debe el Gobierno responder por sus acciones (o más bien omisiones)? Y en ese caso, que tipo de responsabilidad puede exigirse y ante que órgano.

Si tenemos en cuenta como antecedentes significativos que la OMS: (i) el jueves 30 de enero de 2020 declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional estableciendo que todavía era posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplicaban medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislaban y trataban los casos, hacían seguimiento de los contactos y promovían medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales en consonancia con el riesgo; (ii) el día 11 de febrero exhortó a examinar y fortalecer los planes nacionales de preparación para emergencias sanitarias con miras a frenar el brote; (iii) y que el día 3 de marzo manifestó que la escasez de suministro (falta de guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas y delantales) hacía que profesionales médicos, de enfermería y otros trabajadores de primera línea estuvieran peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes de COVID-19; ES CLARO QUE EL GOBIERNO ES RESPONSABLE PORQUE NO SOLO NO HIZO ABSOLUTAMENTE NADA EN CUANTO A PROVISIONES DE MATERIAL SANITARIO SINO QUE ALENTO A LOS CIUDADANOS A SALIR A LA CALLE COMO SI NADA, PONIENDO EN MARCHA UN PELIGROSO CATALIZADOR QUE SE HA CONVERTTIDO EN LA SITUACION MAS TRAGICA DE LA RECIENTE HISTORIA DE ESPAÑA.

Por consiguiente, claro que debe responder, penalmente por el homicidio imprudente de 6000 personas por ahora y también económicamente, debe operar la responsabilidad patrimonial de la Administración, tanto para los ciudadanos que hayan perdido a sus seres queridos como para aquellos que hayan tenido que cerrar sus negocios o sufran daños en su actividad, porque la negligencia es clara y no tenemos el deber de soportar este mal actuar del Gobierno y la Administración.

Es Justicia que pido en Madrid a 29 de marzo de 2020.

Manuel Serrano Conde · Luchando por el Derecho