EL B.O.E. CONVERTIDO EN UN ARMA ANTIDEMOCRÁTICA

El 23 de abril se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, que se engloba dentro del Título del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Sorprende leer en el preámbulo el siguiente texto: “Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno…”

Nunca hasta la fecha se había visto utilizar el Boletín Oficial del Estado contra un partido de la oposición. Esto supone la utilización de un servicio público para un fin claramente político, puesto que se ha dotado de un contenido a un texto normativo que debería ser más propio de los debates parlamentarios que de un texto jurídico, más aún cuando las leyes deben ser objetivas, independientemente de que una persona pueda estar más o menos de acuerdo con su contenido, pero siendo siempre objetivo y, por supuesto, no contener descalificativos a las actuaciones de otros partidos políticos cuando han estado en el Gobierno.

Se están normalizando determinadas conductas por parte de nuestros políticos, ya no sólo en las sesiones parlamentarias, en las que cada vez más acuden a la utilización de descalificativos e insultos, sino que cada vez es más ordinario ver como se utilizan medios públicos para fines políticos y ellos son ningún tipo de reparo ni consideración ética ni moral alguna.

Este tipo de conductas no contribuyen sino a promover la crispación política que se palma en nuestra sociedad, lo que es más trágico si cabe, pues tales conductas provienen de personas que deberían luchar por dotar de estabilidad a la ciudadanía, pues, en definitiva, es su función, garantizar el bienestar social.

Pero es que, además, se debe resaltar, que el contenido de ese preámbulo es una falacia. El vigente Código Penal es de fecha de 23 de noviembre de 1995, año en que el Presidente del Gobierno era Felipe González. El contenido del apartado, ahora derogado, en su redacción original era la siguiente: “Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

Por otro lado, la redacción dada a ese precepto conforme a la reforma introducida en 2015 era la que sigue: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

En definitiva, la única diferencia entre el precepto original y el modificado es la pena a imponer ante la comisión de ese ilícito penal, siendo la conducta típica la misma, al contrario de lo que insinúa el preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, que da a entender que dicho precepto fue introducido durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Continúa diciendo el preámbulo de dicho texto normativo lo siguiente: “Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”.

Este párrafo merece hacer dos precisiones. De un lado, que corresponde a los jueces determinar si una conducta o no, en el caso concreto puede ser entendida como violenta y coactiva. De otro, que dicho precepto lo que pretendía era garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a no participar en una huelga, lo que no se debe olvidar que también es reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos en su vertiente negativa.

Es una muestra más de la manipulación política y la superioridad moral de la Izquierda a la que estamos sometidos, con el agravante de que en este caso se emplea una Ley Orgánica y el Boletín Oficial del Estado, aumentando con sus actos la crispación social, cuando, en realidad, lo que se necesita es una persona al mando responsable, capaz de apaciguar las aguas y dotar a la ciudadanía de la estabilidad que se merece.

 

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas