DE VIVIR A SOBREVIVIR

Con el objeto de recibir los Fondos europeos, hasta un total de 140.000 millones, el Gobierno ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene por objeto, como así exige Bruselas, adoptar las medidas necesarias para la modernización del Estado Español y para hacerla más competitiva y resistente ante posibles futuras crisis.

Entre las medidas que se incluyen en dicho plan se encuentra el compromiso de implantar el pago por el uso en toda la red de carreteras de alta capacidad, medida que afectará sobre todo a las clases medias y altas. Así, una vez más, el Gobierno incumple su promesa de no adoptar medidas que puedan perjudicar a las clases media y baja.

El pago de un peaje tendría por objeto conseguir financiación para el mantenimiento de las carreteras del Estado, si bien, la justificación que se ha dado por el Gobierno es que el sistema de peajes se basaría en el principio de “quien contamina paga”, previsto en el artículo 45.3 de la Constitución Española, y, por otro lado, lo basan en el principio “del que usa paga”.

Parece que no son suficientes con los impuestos que pagamos, especialmente con lo que, precisamente, gravan el uso de vehículos o el hecho de contaminar, como son los impuestos de circulación, impuesto especial sobre el hidrocarburo y el impuesto de matriculación.

Por otro lado, el pago de peajes no solo perjudicaría a las personas que circulan por las carreteras españolas de alta densidad, sino que, además, aumentaría el precio de cualquier producto que se distribuya por carretera, que se repercutiría al precio final de producto, y, por tanto, al bolsillo de los ciudadanos.

Pero esta no ha sido la única medida anunciada en las últimas semanas, también ha anunciado el Gobierno esta semana su intención de modificar las cuotas de autónomos, estableciendo un sistema por tramos, siendo la cuota mínima de 200 euros mensuales para el autónomo que obtenga unos rendimientos anuales de 3.000 euros o menos hasta 1.220 euros mensuales para quienes ingresen más de 48.841 euros al año.

El anuncio de esta medida llega en un momento en el que los autónomos y empresarios en general se encuentran en una situación crítica ante la crisis del COVID, habiendo aumentado los concursos de acreedores de personas físicas en los periodos entre enero y marzo de 2021 hasta un 334% respecto al primer trimestre de 2020, y ello a pesar de la suspensión de la obligación de presentar concurso de acreedores aprobada por el Gobierno.

Este aumento en la cuota de autónomos supone un lastre para la reactivación de la economía y además frena la creación de empleo pues, en definitiva, si reduces la capacidad económica de los empresarios, reduces también su capacidad de contratar a nuevo personal laboral, lo que impediría contribuir a la reducción de las altas tasas de paro, especialmente juvenil, que tenemos en nuestro país.

De esta forma, el Gobierno del cambio que tanto predicaba sobre la protección de los grupos sociales más delicados y que jamás iba a tomar medidas que perjudicasen a las clases medias o bajas, presentándose como una especie de Robin Hood gubernativo, lo que está haciendo, en realidad, es rasgar nuestros bolsillos sin preocuparles en absoluto que los ciudadanos para los que gobiernan queden una auténtica situación de vulnerabilidad económica.

 

Manuel Serrano Conde

María Vázquez de las Cuevas