¡BARES, QUÉ LUGARES!

Las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa de la COVID-19 esta provocando un detrimento en el desarrollo de las PYMES, sobre todo las dedicadas al sector servicios, que como sabemos, es el groso de la economía española. Alrededor de 100.000 establecimientos se han visto obligados a cerrar debido a las pérdidas económicas tan grandes, unas pérdidas que superan los 50 mil millones de euros desde que se declaró el primer Estado de Alarma, hace casi un año.

La hostelería, sin duda un sector de los más afectados, ha decidido atajar esta situación y emprender la defensa de sus intereses a través de algunos despachos de abogados, a lo que se están uniendo cada vez más sectores. Concretamente reclaman las indemnizaciones por las pérdidas causadas por el cierre forzoso al que se vieron obligadas durante el Estado de Alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020.

Esta reclamación patrimonial, aparece regulada en varios preceptos legales, concretamente en el artículo 106.2 de la CE, que recoge el supuesto para que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. También lo recoge el artículo 32 de la Ley Reguladora del Sector Público que establece que también han de ser indemnizados por las Administraciones Públicas por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen”. Y por último el artículo 3.2 de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Pero para que estos preceptos puedan aplicarse deben darse todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente, y esto no es tan sencillo. En primer lugar, para que se pueda solicitar esa indemnización por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas y, además, y más importante aún, que no tengan el deber jurídico de soportarlo.

Es cláusula general e indispensable que el administrado estará obligado a soportar el daño cuando la Ley así lo establezca. El deber de soportar tiene lugar en los supuestos en que la Ley y el grupo normativo de ella derivado, justifican dichos detrimentos de un modo expreso o presunto. Y que más justificación de soportar ese daño que una pandemia mundial, porque si bien es cierto que la gestión y las ayudas deberían haber sido mejores, y más eficientes, a priori no es la Administración quien debe indemnizar por haber tenido que establecer el Estado de Alarma. Pues al igual que la hostelería, todos los sectores han tenido que parar o reducir su actividad laboral por un motivo mucho más importante, la salud pública. Además, aun cuando el confinamiento acabó, es la gente quien decide ir o no a un establecimiento, y es decisión individual, que en la mayoría de los casos prefiere no correr el riesgo de contagio, pues, aunque haya reducción de aforos, la entrada está permitida.

Y por lo tanto, no podemos decir que existe daño antijuridico cuando la “víctima” tiene el deber jurídico de soportar el daño, deber que surge, Sentencia Tribunal Supremos del 20 de febrero de 2003 (RJ 2003,2125), “de la concurrencia de un título que lo imponga, contrato previo, cumplimiento de obligación legal o reglamentaria”.

Por eso, las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1997 (RJ 1997, 5352) Y 19 de octubre de 2001 (RJ 2001, 8815), señalan que “las restricciones o limitaciones impuestas por una norma, precisamente por el carácter de generalidad de la misma, deben ser soportadas, en principio, por cada uno de los individuos que integran el grupo de afectados, en aras del interés público”, en este caso la salud pública. Por otra parte el Tribunal Constitucional, en sentencias números 37/1987, de 26 de marzo, 65/1987, de 21 de mayo, 127/1987, de 16 de julio, 170/1989, de 19 de octubre, y 41 y 42/1990, de 5 marzo, establecen, queno hay antijuridicidad, ni por tanto, derecho a indemnización, cuando en el ejercicio de las facultades innovatorias del ordenamiento jurídico o de las potestades autoorganizatorias de los servicios públicos, se realiza una modificación en la regulación o configuración de un régimen jurídico anterior o se reestructuran sus sistemas de gestión.

Es por todo esto que nos sorprende esa oleada de reclamaciones a la Administración, pues bajo nuestro punto de vista es crear falsas expectativas hacia un proceso, que como podemos ver, es difícil ganar. Porque a pesar de que existe ese derecho a indemnizar por responsabilidad patrimonial por parte de las AAPP, existe también ese deber de soportar por parte del administrado esas medidas que están encaminadas a proteger un bien jurídico protegido, la salud pública, y ya no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Desde luego que opinamos que todas esas pérdidas económicas tienen que ser recuperadas, pero no así, sino a través de la creación de ayudas, de la disminución de cuotas o pagos de impuestos, todo encaminado a una supervivencia económica, que todos y cada uno de los sectores están sufriendo.

 

Manuel Serrano Conde

Marina Vidal de Lamor