ASÍ AGRADECE EL GOBIERNO LA LABOR DE LOS SANITARIOS

NEGLIGENCIA FATAL

· Durante todo el tiempo que la Covid-19 se ha expandido por nuestro país, ha crecido simultáneamente la indignación ciudadana por diversas actuaciones u omisiones del Gobierno anteriores y coetáneas a esta crisis sanitaria, tales como permitir grandes concentraciones de personas el fin de semana del 8 de marzo, no haber previsto contando con datos suficientes este desastre no proveyendo a los sanitarios de la protección adecuada, restringir durante varios meses ciertas libertades básicas, purgar mandos policiales, aprobar medidas sociales discutibles ante la que se avecina y un largo etcétera.

Como consecuencia de lo anterior, se demanda por diversos colectivos que se inicien procedimientos penales para depurar la responsabilidad de los miembros del Ejecutivo y Administración en la gestión de la pandemia. Así, de entre los hechos que motivan las querellas interpuestas, destaca la negligencia por la falta de previsión de la Covid-19, pero parece que se ha ignorado la situación de desabastecimiento de equipos de protección que han sufrido los sanitarios en el desempeño de su trabajo durante esta crisis.

A este respecto cabe destacar que, en España, del total de su población infectada por la Covid-19, el 20% son sanitarios. Se trata de una cifra alarmante, en la medida en que es un colectivo que, por razón de su oficio, está altamente expuesto a contagiarse por este virus. Asimismo, si la comparamos con el número de profesionales de la sanidad contagiados en Italia, España tiene un 32% más de infectados que el país transalpino. En esto, España también se lleva la palma.

En este punto es preciso traer a colación dos hechos con una correlación evidente respecto del número de contagios en el ámbito de la sanidad: en primer lugar, las recomendaciones de la OMS de febrero y marzo de 2020 para que los sanitarios contaran con adecuados medios de protección para poder luchar contra la pandemia; y, por otro lado, las denuncias continuas de organizaciones sindicales como el SATSE quien, en fechas 31 de marzo y 13 de abril de 2020, anunció públicamente que pondría en conocimiento de la Unión Europea la falta de equipos de protección de los sanitarios en España.

Desde la aprobación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, el Ministerio de Sanidad encabezado por Salvador Illa asumió las competencias en la compra de material sanitario en detrimento de las comunidades autónomas, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficiencia de este cometido.

Sin embargo, de los hechos descritos se desprende que el Ministerio de Sanidad no proporcionó los adecuados medios de protección para los sanitarios, debiendo éstos reutilizar los que ya disponían, con el consiguiente riesgo para su propia salud.

Por estas razones, se han empezado ya a conocer casos en los que se ha judicializado la actuación de las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la sanidad. Ejemplo de ello es la Sentencia dictada el pasado 4 de junio por el Juzgado de lo Social de Teruel, en la que se condena al Gobierno aragonés por el hecho de que los sanitarios hayan estado trabajando sin los equipos de protección individuales.

Es en este marco objetivo donde podría tener cabida una querella fundada en el delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal, relativo al ilícito penal contra la seguridad e higiene en el trabajo.

Este delito comprende la actuación de los que, legalmente obligados, infrinjan la normativa de prevención de riesgos laborales no facilitando los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

Trasladándolo al caso concreto, el Ministerio de Sanidad estaría obligado a proporcionar los equipos de protección necesarios a los sanitarios para ejercer su labor de forma segura, en virtud de la normativa contemplada en el Real Decreto-ley 6/2020 de 10 de marzo.

Dada la facilidad con la que se propaga el Covid-19, no contar con la adecuada protección ha supuesto y supone un grave riesgo para la salud del sanitario, en tanto y cuanto el contagio puede derivar en graves complicaciones para su propia salud, llegando al resultado de muerte en los casos más extremos.

Esta falta de provisión puede no ser imputable directamente al ministro Salvador Illa per se, ya que puede que en el escalafón ministerial y en la organización interna de los departamentos se derive el que sean otros sujetos los responsables de la compra del material.

No obstante, los hechos son de una entidad suficientemente grave para que un Juzgado de Instrucción pueda conocer de ellos y dirimir las responsabilidades de la nefasta gestión que se ha realizado durante esta crisis por parte del poder público, en particular en lo que afecta a los sanitarios.

Ellos lo han dado todo, esperemos que, en su lucha, la Justicia no les deje de lado.

Es Justicia que pido en Madrid a 7 de junio de 2020

Enrique López Sierra